Pasar al contenido principal
Econoticias y Eventos
Opinión
COMPARTIR
Se ha copiado el vínculo

Impuesto de Industria y Comercio: una barrera para el emprendimiento en Colombia

El hecho de que el ICA grava sobre las ventas y no sobre la utilidad, lo convierte en un impuesto anti-técnico.
Imagen
Crédito
Ecos del Combeima
18 Jun 2023 - 10:34 COT por Ecos del Combeima

En el intrincado laberinto de la política fiscal, pocas cuestiones resultan tan polémicas como el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en Colombia. En su forma actual, este impuesto ha sido motivo de preocupación para numerosos emprendedores y pequeños empresarios que ven en él un obstáculo para el crecimiento y la supervivencia de sus empresas. Pero, ¿por qué este impuesto es tan controvertido? La respuesta se encuentra en su estructura: el ICA es un impuesto regresivo y anti técnico que grava sobre las ventas en lugar de sobre la utilidad, una característica que afecta de manera desproporcionada a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

En primer lugar, es necesario entender qué significa que el ICA sea un impuesto regresivo. En términos sencillos, un impuesto es regresivo cuando su tasa disminuye a medida que el ingreso o la riqueza del contribuyente aumenta. En el caso del ICA, aunque la tasa del impuesto no varía con el tamaño de la empresa, su efecto sobre las pymes es más significativo. Al gravar sobre las ventas, se afecta a todas las empresas por igual, sin importar su margen de ganancia. Esto implica que una empresa que apenas está logrando sobrevivir tiene que pagar el mismo porcentaje de impuesto que una gran empresa que está obteniendo enormes beneficios. 

Por otro lado, el hecho de que el ICA grava sobre las ventas y no sobre la utilidad, lo convierte en un impuesto anti técnico. En la teoría tributaria, un principio fundamental es que los impuestos deben gravar la capacidad de pago, no la actividad económica en sí. Al gravar las ventas, el ICA castiga la actividad económica independientemente de si está generando utilidades. Esto puede llevar a situaciones en las que una empresa que no está obteniendo beneficios todavía tiene que pagar impuestos, lo que puede agravar sus problemas financieros y poner en riesgo su supervivencia.

Este escenario es particularmente perjudicial para las pymes en sus primeros años. El inicio de una empresa es un periodo crítico en el que los costos suelen superar a los ingresos. En este contexto, tener que pagar un impuesto sobre las ventas puede ser un golpe fatal para estas empresas en crecimiento. Además, el ICA también puede desincentivar el emprendimiento, ya que potenciales empresarios podrían verse disuadidos por la carga fiscal que representa este impuesto.

Es fundamental que las políticas fiscales fomenten el crecimiento y la competitividad de las empresas, en lugar de obstaculizarlas. Es por esto que es necesario revisar y reformar el ICA, de manera que se convierta en un impuesto más equitativo y progresivo. Una posible solución sería cambiar la base imponible del ICA de las ventas a las utilidades, de manera que se grava la capacidad de pago en lugar de la actividad económica. 

En conclusión, el ICA, en su forma actual, es un impuesto que perjudica de manera desproporcionada a las pymes en sus primeros años. Su naturaleza regresiva y anti técnica pone en riesgo la supervivencia de estas empresas y

desincentiva el emprendimiento. Es necesario reformar este impuesto para aliviar la carga fiscal sobre las empresas en crecimiento y fomentar una cultura de emprendimiento en Colombia. En un país donde la innovación y el espíritu empresarial son esenciales para el desarrollo económico, es imprescindible tener políticas fiscales que apoyen, en lugar de obstaculizar, a las pymes. La reforma del ICA es un paso fundamental en esa dirección.

También te puede interesar estas columnas

Qué bonito hablar de justicia, equidad y seguridad; de estrategias de mano dura o de acuerdos de paz.

En ciudades como Ibagué, donde el movimiento económico se siente en la calle todos los días, es común escuchar que aquí la gente trabaja duro.

Colombia se encuentra en un momento decisivo. El próximo Plan Nacional de Desarrollo 2026 – 2030 no puede limitarse a repetir diagnósticos ni a postergar decisiones estructurales. Si el país aspira a ser competitivo, reducir costos logísticos y consolidar su vocación exportadora, debe dirigir una mirada estratégica hacia una región que merece un lugar central en la agenda nacional: el Tolima.

A pocas semanas de una de las elecciones más importantes en la historia reciente de Colombia, nuestro país enfrenta una rara situación. Nunca habíamos tenido tantas herramientas para informarnos, pero sin profundidad, sin debate, sin argumentos.

En medio de una campaña electoral trascendente y sin precedentes, que sin duda marcará el destino de los colombianos, se observa más que propuestas y soluciones una serie interminable de confrontaciones, sugerencias y recomendaciones.

La reciente decisión del Concejo Municipal de Ibagué de restringir el uso de los celulares en los colegios públicos, especialmente para menores de 14 años, ha sido presentada como una medida necesaria para proteger la salud mental, mejorar la convivencia y fortalecer el rendimiento académico. Sin embargo, más allá de esas buenas intenciones, esta decisión pareciera ser una solución simplista a un problema de gran complejidad.

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.