Qué bonito hablar de justicia, equidad y seguridad; de estrategias de mano dura o de acuerdos de paz. Tal vez porque todos soñamos con lo mismo: una Colombia en paz, en la que todos quepamos sin importar credo, raza, ingresos económicos o ideología política

Y sí, ya sé que en Colombia hemos intentado de todo para buscar la paz. Pero algo me llamó mucho la atención: las palabras de la candidata presidencial Claudia López, quien aseguró que durante este gobierno y su programa de “paz total”, ni un raponero se ha desmovilizado.

Y la verdad es que uno no puede negar ni la historia ni los hechos.
En esa misma línea, se ha recordado que con Álvaro Uribe Vélez se desmovilizaron miles de hombres de las AUC, alrededor de 23.000, y que varios de sus jefes terminaron en cárceles de Estados Unidos. Gracias a ese proceso, muchas regiones lograron disminuir la violencia que padecían.

Con Juan Manuel Santos, más de 13.000 integrantes de las FARC dejaron las armas, entregando fusiles, ametralladoras y diverso armamento con el que sostenían su accionar.

La verdad es que, aunque tenga muchos reparos frente a la forma en que se ha implementado la JEP —donde principalmente militares y agentes del Estado han reconocido responsabilidades en crímenes como los más de 7.000 falsos positivos, uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia—, aún estamos esperando que los líderes de las FARC respondan de manera proporcional por sus crímenes, que dejaron decenas de miles de víctimas en todo el país, las cuales analistas hablan de más de 80.000. Y que, aunque no nos guste, hoy participan en política como parte de un acuerdo que fue firmado y respaldado en su momento.

Se podrá discutir el cómo, el por qué o el resultado… pero había algo claro:
uno veía gente entregando armas, uno veía campamentos desarmándose, uno veía fusiles que terminaban fundidos.

Hoy el discurso es otro: la famosa “paz total”.

Y mientras este gobierno avanza hacia su cierre, la realidad también habla. Hoy hay más de 20.000 hombres en armas en el país, entre disidencias de las FARC, ELN, Clan del Golfo y otras estructuras criminales. Y en algunas regiones, lejos de sentirse la paz, lo que se percibe es incertidumbre.

También hemos visto episodios que generan más dudas que confianza. Por ejemplo, lo ocurrido en la cárcel de Itagüí, donde estructuras criminales tuvieron protagonismo en eventos, que para muchos ciudadanos resultan difíciles de entender, en medio de la presencia de la senadora Isabel Zuleta. Hechos como estos reviven recuerdos de épocas que el país no quiere repetir.

Entonces surge una pregunta incómoda, pero necesaria:

¿con quién estamos negociando realmente?

Porque no es lo mismo sentarse con un grupo que tuvo una motivación política —por más cuestionable que haya sido— que hacerlo con estructuras que hoy funcionan principalmente alrededor de economías ilegales como la droga, la minería ilegal o la extorsión.

Por eso levanto la voz desde este espacio. No en contra de la paz —porque todos la queremos—, sino en defensa de una paz que se sienta, que se vea y que genere confianza.

Hoy solo le pido al Gobierno nacional que sea coherente. Que la paz no puede convertirse en un mensaje que termine debilitando a quienes todos los días trabajan de forma legal. Que no podemos normalizar situaciones que confunden a la ciudadanía ni enviar señales equivocadas frente a la criminalidad.

Porque así no crece un país.

Hoy, desde este espacio de opinión, lo único que quiero dejar claro es algo sencillo:

la paz y la seguridad van de la mano.

Y bajar la guardia frente a la criminalidad…
solo trae más criminalidad.