Aunque la narrativa que han desplegado los defensores del proyecto progresista se cimienta en el linchamiento público a los honorables magistrados que tomaron esta determinación, insinuando motivaciones de carácter político que profundizan las brechas sociales y pintan el asunto como un conflicto de clases, entre trabajadores mal remunerados y altos servidores de la justicia rodeados de opulencia, capitalizando así su alto poder de influencia sobre las clases populares, lo cierto es que resulta necesario y debería ser un deber de todo ciudadano hacer una lectura profunda de la providencia para comprender el fondo de la cosa juzgada.

No se necesita ser abogado para entenderlo, pero sí es un deber ético exponer con toda claridad que la medida cautelar que ordena en un término de ocho días la expedición de un nuevo decreto transitorio para fijar el monto del salario mínimo en Colombia, como define bien el alto tribunal, en ningún caso tiene que ver con que se haya probado una desproporcionalidad en el incremento del 23% en la remuneración mínima a los trabajadores.

El fallo tampoco tiene como intención retrotraer la condición económica de las familias colombianas al año 2025, pues al contrario defiende conscientemente la necesidad de que se ajusten tales ingresos, pues no hacerlo “tendría repercusiones económicas, (…) desconociendo con ello la relación entre el salario mínimo y las garantías constitucionales como el derecho al trabajo y la dignidad”

Así las cosas, el discurso gobiernista que pretende centrar la discusión en la defensa del salario mínimo vital frente a las élites y que alienta la movilización ciudadana como mecanismo de presión, con bravuconadas como la del Ministro del Interior y sus trinos grotescos que faltan al principio de la independencia de poderes y ofenden la majestad de la justicia, solo tiene como finalidad meter bajo el tapete la incapacidad técnica y jurídica del gobierno para hacer lo correcto.

Ante un decreto que normativamente no satisface las exigencias de la ley 278 de 1996 y que teoriza sobre el concepto del Salario Mínimo Vital con poesía y retórica narcotizante, la misma que utiliza el Jefe de Estado en sus apariciones, esperan que el control jurisprudencial se congracie y acepte sin chistar una coma, para que, según ellos, esté del lado correcto de la historia.

La sociedad que desde el desconocimiento hoy exacerba su odio en redes sociales y en la discusión callejera, debe entender que la tarea de los jueces en un Estado Social de Derecho es garantizar el ordenamiento jurídico.

Que las normas tal y como se encuentran concebidas desde su aprobación en el Congreso de la República deben ser acatadas y respetadas integralmente y que pretender esguinzarlas, bajo cualquier argumento, constituye un peligroso precedente de irrespeto a la Constitución y la Ley.

Debe decirse con todas sus letras y para que no queden dudas: incluso el argumento de desviación de poder por usar el salario mínimo como instrumento de política redistributiva, que pretendían hacer valer los demandantes en la adopción de medidas cautelares,  fue desestimado por el Alto tribunal que solo le pidió al Gobierno hacer lo que dicta la Ley.

Claro que debe dolerle a un ególatra como Gustavo Petro, economista del Externado, que un tribunal le dé cátedra al pedirle explicar suficientemente cuál es el nivel de impacto del incremento desde una perspectiva económica

Devolverle la tarea al que se cree el más aventajado del salón para que no solo enuncie y describa variables como el IPC, la meta de inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento del PIB anual y, en su lugar, como le reprocha la Corte, explique “de manera concreta, articulada y verificable cómo estas incidieron de forma individual o conjunta en la determinación de un incremento equivalente al 23%”

Así que si los ‘progres’ quieren hoy buscar un culpable, no deberían mirar hacia el Palacio de Justicia, sino hacia la Casa de Nariño y su incompetencia que, otra vez, anteponiendo la legalidad al capricho y el populismo, exponen al país irresponsablemente a la inseguridad jurídica.