La economía popular es la apuesta del gobierno nacional para fortalecer y dinamizar su propia economía, y aunque muy criticada por no ser desarrolladora del capitalismo ni generadora de ingresos para la nación, sigue siendo indudablemente la formula gubernamental para la inclusión económica de las grandes minorías.

De 6.745.878 unidades productivas de todos los tamaños en Colombia, 6.612.742 son pequeños negocios según el DANE y que el propio Presidente Petro las ha denominado ¨La Economía Popular¨, y de ellos, 5.8 millones son pequeños negocios informales, en su gran mayoría por cuenta propia, aislados, subestimados y expuestos a la desidia del estado, y casi siempre perseguidos y acosados por autoridades locales o prestamistas ilegales. Economía popular que ocupa laboralmente 23 millones de colombianos, de los cuales 13 millones sostienen sus familias desde esa informalidad, foco y razón de la propuesta presidencial para la inclusión económica de esa otra Colombia olvidada y ávida de ser considerada, caracterizada y auxiliada con una política pública que les incluya crédito, capital, capacidad y competencia.

Siendo la primera línea de la democracia económica como bien lo define la senadora opositora Paloma Valencia y paradójicamente en coherencia con la apreciación del gobierno nacional, es imposible creer que no se haya empezado aun a legislar para ellos cuando el Conpes 3956 solo hace énfasis en la formalización empresarial, cuando en el camino se ahogó el proyecto de ¨Financiación para Todos¨ que pretendía sacar los micronegocios de la esclavitud del gota gota dando acceso simplificado al sistema financiero con respaldo del FNG hasta por un90%,  o el fallido proyecto denominado ¨Escalera de la Formalización Empresarial¨ para entender que la informalidad suele ser el principio de un camino legal y sostenible, y que el registro mercantil no fuera una condición sino el resultado de su transformación. 

Es que el comercio informal, la agricultura familiar, el emprendimiento comunitario y la pequeña manufactura, mantienen económicamente activa gran parte de la población, y así esta no pague impuestos, la hacen productiva, autosuficiente e independiente. Son patriotas que actúan con valentía y en su mayoría gustan de la libertad y la propiedad privada, sueñan seguir creciendo como personas y en familia, como empresarios y en comunidad, y paradójicamente son baluarte de la democracia y enemigos de la tiranía.

En Ibagué tenemos 90 mil micronegocios, 30.000 de ellos registrados en la Cámara de Comercio, pero ignorados en sus políticas y determinaciones gremiales, como si su única obligación fuese pagar el registro mercantil a cambio de nada, pues no acceden a sus decisiones, y no pueden elegir ni ser elegidos. Los otros 60 mil pequeños negocios son invisibles para esa agremiación cameral y también para las autoridades municipales, son para ellos básicamente un problema por no pagar registro ni impuestos, por ocupar el espacio publico, por no tener establecimiento comercial e ir de barrio en barrio, por no pagar arriendo y menos industria y comercio, son recicladores, vienen del campo, les huelen a feo, en fin,para las autoridades son mas que invisibles, indeseables y solo son asechados cuando cuando manifiestan sus necesidades o reclaman sus oportunidades, o peor aun, cuando llega la campaña electoral. 

Cómo no considerar la economía popular fundamental para la democracia económica nacional, cuando la informalidad representa el 50% o la cartera crediticia de los pequeños negocios en Colombia supera los 15 billonesde pesos. Y como no reconocer también su trascendencia en lo regional cuando la pobreza monetaria del Tolima está por el 39% y su capital Ibagué, sigue batiendo récord en materia de desempleo y la informalidad ya se acerca al 60%. 

Por ello, Cualquier propuesta programática para Ibagué u otro municipio que excluya y menosprecie la economía informal o popular, estaría fuera de contexto y en contravía de lo que hoy inspira la democracia económica global.