Colombia no solo elige presidente, también elige Congreso. Y, sin embargo, cada ciclo electoral repite el mismo error en el que la discusión pública gira casi exclusivamente alrededor de la figura presidencial, mientras el poder legislativo pasa a un segundo plano. Es un descuido peligroso, pues el verdadero diseño estructural del Estado colombiano se define en el Capitolio. Allí se crean, reforman y derogan las leyes que determinan la competitividad, la seguridad, el modelo económico, la política ambiental, el sistema educativo y la arquitectura institucional del país.

La Constitución de 1991 otorgó al Congreso herramientas amplias y decisivas como la iniciativa legislativa, el control político, la reforma constitucional, la aprobación del presupuesto general de la Nación y la vigilancia del gasto público. El legislador no es un comentarista; es un arquitecto normativo del Estado. Sin embargo, en la práctica, muchos congresistas han reducido su papel a la confrontación ideológica, la visibilidad mediática o la intermediación burocrática. El país necesita congresistas con agenda, no con micrófono.

Colombia enfrenta desafíos estructurales que exigen una agenda legislativa seria, técnica y con visión de largo plazo. En materia económica, el país requiere reformas profundas que impulsen la productividad, la competitividad, el crecimiento del tejido empresarial del país y la formalización laboral. No basta con discutir impuestos cada dos años, se necesitan leyes que promuevan innovación tecnológica, fortalecimiento industrial, encadenamientos productivos regionales y simplificación regulatoria para pequeñas y medianas empresas. Competir en un mundo cada vez más proteccionista exige una política industrial moderna respaldada por normas coherentes y estables.

En educación, el desafío es aún mayor. Colombia debe cerrar brechas en calidad, cobertura y pertinencia. El Congreso tiene la responsabilidad de impulsar reformas que conecten la formación técnica, tecnológica y universitaria con las necesidades reales del mercado laboral. No se puede seguir graduando jóvenes para el desempleo o la informalidad. Se requieren leyes que fortalezcan la educación técnica y tecnológica, el bilingüismo, la formación digital en IA y la articulación entre empresa y academia. La transformación productiva del país comienza en las aulas, pero depende de decisiones legislativas claras.

La seguridad y la lucha contra el narcotráfico también demandan liderazgo legislativo. Colombia vive una nueva fase de violencia, expansión del narcotráfico, microtráfico y sofisticación de redes criminales. El Congreso debe actualizar el marco jurídico para enfrentar economías ilegales, fortalecer la inteligencia financiera contra el lavado de activos y modernizar la política criminal. La seguridad no puede depender únicamente del ejecutivo; necesita un soporte normativo robusto que responda a las nuevas dinámicas del delito.

En el frente ambiental, el país necesita equilibrio y responsabilidad técnica. La transición energética es una necesidad global, pero debe construirse sobre bases sólidas que garanticen sostenibilidad fiscal, seguridad energética y protección del empleo. El legislador debe promover marcos regulatorios que impulsen energías renovables sin destruir sectores productivos estratégicos. De igual manera, la protección animal y ambiental debe abordarse con rigor jurídico y viabilidad económica, evitando normas simbólicas que generen vacíos o contradicciones.

En materia social, las reformas a salud, pensiones y protección social no pueden improvisarse ni responder únicamente a intereses partidistas. Se requieren proyectos sostenibles financieramente, con estudios técnicos, impacto medible y claridad presupuestal. El Congreso no puede limitarse a reaccionar frente a las iniciativas del Ejecutivo; debe construir propuestas propias, fundamentadas y responsables.

El problema no es la falta de instrumentos constitucionales. Es la ausencia de preparación técnica y compromiso real en parte de la dirigencia legislativa. Presentar proyectos de bajo impacto, repetir iniciativas simbólicas o limitarse a debates ideológicos no transforma el país. La labor legislativa exige conocimiento del presupuesto, comprensión del entorno macroeconómico y capacidad de evaluar consecuencias jurídicas y fiscales.

En este tramo electoral, los candidatos a Senado y Cámara deberían estar exponiendo con claridad su agenda legislativa concreta. ¿Qué proyectos radicarán? ¿Qué reformas estructurales impulsarán? ¿Cómo ejercerán control político? ¿Cómo garantizarán transparencia y eficiencia en el gasto público? El ciudadano debe exigir propuestas verificables, no discursos emotivos.

El Congreso no es una tribuna de opinión ni una plataforma de confrontación permanente, es el corazón normativo del estado. Allí se define la estabilidad institucional y el rumbo estratégico del país. Elegir congresistas sin agenda técnica y sin visión de Estado es hipotecar el futuro legislativo de Colombia.

La transformación que el país necesita no depende únicamente del presidente. Depende, en gran medida, de un congreso capaz de pensar prospectivamente en décadas y no en tendencias electorales. Colombia requiere legisladores que construyan normas estructurales, ejerzan control político riguroso y actúen con responsabilidad histórica.

Sin una agenda legislativa sólida, el país seguirá atrapado en reformas incompletas y crisis recurrentes. Y esta vez, la responsabilidad no podrá atribuirse solo al Ejecutivo, sino también a quienes tuvieron la oportunidad de legislar… y no estuvieron a la altura del mandato constitucional que juraron cumplir.