El episodio de la semana pasada en el que la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz fue abucheada en el municipio de Chaparral, desafortunadamente opacó la entrega de más de 82 mil hectáreas a campesinos del Tolima por parte del gobierno nacional. Sin duda un acto de reivindicación con nuestra gente, pero también un avance importante camino a la tan necesitada reforma agraria del país. 

La agresión a la gobernadora Matiz, que no fue solamente verbal, pues le lanzaron objetos contundentes, impactando uno de ellos en los hombros de una mujer que se encontraba allí cerca, es un acto reprochable que merece toda la indignación del caso. Mucho más cuando se ha dicho que no fue un acto espontáneo de indignación ciudadana, sino una puesta en escena de unos malquerientes que encontraron el momento oportuno para ejecutarlo a cambio de dinero. Como si se tratara de una intención planificada de callar la firmeza que ha demostrado la mandataria tolimense cuando de hablarle fuerte al gobierno Petro se necesita, desde la logística y protocolo del evento, no se le permitió el uso de la palabra ni a ella, ni al alcalde chaparraluno Helver Gonzáles, como es común en este tipo de eventos. 

Más allá de catalogar lo sucedido, es necesario decir que, frente a la agresión sufrida por la gobernadora Matiz, ni el presidente Petro, ni ninguno de su delegación, se refirió al tema, como si con su silencio estuvieran aprobando lo ocurrido. La polarización que ha sido una constante en los últimos años en Colombia, sin duda en el gobierno Petro se ha incrementado por las particularidades de su discurso, que la mayoría de veces rayan en las agresiones e insultos a sus opositores y críticos más férreos. Para nadie es un secreto que la gobernadora del Tolima ha sido una de las mandatarias departamentales más firmes para reclamar acciones del gobierno en materia de seguridad, economía, entre otros, y ello le ha costado, no solo la ingratitud y poca amabilidad del presidente Petro, sino también de sus millones de simpatizantes.

En política como en la vida, el debate tiene que ser con ideas y argumentos. La democracia debe permitir que el que piense diferente tenga derecho a expresarse con respeto, y no ser catalogado con apelativos, insultos, y agresiones. El respeto al contrario no es un tema de ideologías políticas, ni de izquierda o derecha, sino una virtud de un verdadero demócrata que es capaz de controvertir con la fuerza de sus argumentos, más no con la de la voz, porque no es el que más grita, quien más sabe o quien tiene la razón. 

Y lo anterior me permite hacer una reflexión adicional. La gobernadora Matiz recientemente recibió la visita del ministro de defensa Pedro Arnulfo Sanchez, y en un ambiente de verdadera democracia institucional, dialogaron y acordaron mayor pie de fuerza en materia de seguridad, especialmente en el Espinal, donde hay graves problemas de orden público. Igualmente la gobernadora ha tenido las mejores relaciones con el director de la UNGRD Carlos Carrillo, e incluso por eso fue criticada por amigos del gobierno como la congresista Martha Alfonso. Así las cosas, uno se pregunta frente a este tipo de particularidades, entonces ¿quién le está dando lecciones a quien de gobernanza, diplomacia y liderazgo en la gestión pública?

A la gobernadora Matiz mi solidaridad, y a las personas que la rodean, que la cuiden, porque de los discursos del odio a los hechos, no hay mucho trecho, y este país no aguanta más casos de violencia política, ni de violencia contra la mujer.