En reiteradas ocasiones, a través de mis columnas de opinión, he insistido en que, en un Estado serio y con una democracia estable, el poder no se mide por la capacidad de imponer decisiones, sino por la obligación de someterlas a la ley. La reciente suspensión del decreto del salario mínimo por parte del Consejo de Estado no es un ataque contra los trabajadores, como lo han querido vender algunos sectores del gobierno, sino una confirmación contundente de que nuestro país sigue siendo un Estado Social de Derecho y no un Estado que se mueve según las pasiones del gobernante de turno.

El gobierno del presidente Gustavo Petro, en su legítimo ejercicio político, decidió fijar un aumento significativo del salario mínimo. Sin embargo, en su afán de materializar una visión ideológica del llamado “salario vital”, terminó desconociendo los criterios técnicos y jurídicos que la ley exige.

El salario mínimo no se fija con base en aspiraciones políticas, sino en variables objetivas y verificables. Entre ellas, la inflación causada, la inflación proyectada, el crecimiento de la productividad laboral, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el crecimiento económico y el objetivo de mantener el empleo formal. Estos criterios no son un capricho tecnocrático. Son una herramienta de equilibrio entre mejorar el ingreso de los trabajadores y proteger la sostenibilidad del empleo.

Es aquí donde radica el punto central que el país debe entender: el salario mínimo es una figura jurídica y económica, mientras que el salario vital es un concepto político y filosófico.

De acuerdo a los conceptos económicos, el salario mínimo busca garantizar un piso básico dentro de las condiciones reales de la economía. El salario vital, en cambio, responde a una aspiración subjetiva sobre el ingreso ideal que permitiría vivir con plena dignidad, sin que necesariamente corresponda con la productividad o la capacidad económica del país.

El problema no es la intención. El problema es reemplazar la técnica por la ideología. Las consideraciones del Consejo de Estado fueron claras: el decreto no cumplió con los requisitos técnicos exigidos, punto. Esta decisión no elimina el aumento. No empobrece a los trabajadores. No destruye la política social. Lo que hace es algo mucho más importante: le recuerda al Gobierno que incluso sus decisiones, por muy populistas que sean, deben ceñirse a las reglas que establece la ley.

Bajo estas circunstancias, resulta preocupante que desde sectores afines al gobierno se haya insinuado que esta decisión representa un “bloqueo institucional”. Ese discurso es sumamente  peligroso, porque busca deslegitimar a las instituciones cuando no se alinean con sus intereses políticos.

Hoy fue el salario mínimo. Mañana podría ser el presupuesto, las elecciones o las libertades individuales. Si aceptamos que el Presidente puede actuar sin cumplir los requisitos legales porque su intención es “justa”, entonces habremos renunciado al principio fundamental de la democracia: que la ley está por encima del poder.

El verdadero debate no es si el salario debe subir más o menos. El verdadero debate es si Colombia seguirá siendo una República de leyes o si empezará a convertirse en un país de decisiones personales.

Por fortuna, y pese a que el sistema no es perfecto, los pesos y contrapesos de nuestro Estado están funcionando; y mientras existan, este país tendrá viabilidad y futuro.