Minculturas postula las ruinas de Armero como Bien de Interés Cultural de la Nación
Durante la conmemoración de los 40 años de la tragedia del municipio de Armero, ocurrida en 1985, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, anunció la inclusión de las ruinas de la antigua ciudad de Armero (Tolima) en la Lista Indicativa de Candidatos a Bienes de Interés Cultural del ámbito nacional (LICBIC), un paso clave hacia su futura declaratoria como Bien de Interés Cultural de la Nación (BICN). El próximo 27 de noviembre se presentará el expediente ante el Consejo Nacional de Patrimonio y se espera que ese día se produzca el concepto favorable.
“Después de un trabajo de construir los expedientes para el Plan Especial de manejo y protección, un año trabajando y una inversión de casi 2000 millones de pesos entre los documentos, esto significa construir un plan de protección y sobre todo de no repetición. No queremos repetir nuestra historia de hace 40 años. La política del presidente Gustavo Petro se hace aquí y se replica en todo el territorio nacional, es la política del respeto, del cuidado, de la memoria, del trabajo intersectorial y demuestra que todas las instancias estamos trabajando en Armero como regalo compartido de la nación. Perdón, Armero”, dijo la ministra durante su intervención hoy en la ceremonia, en el mismo lugar donde la erupción del volcán Nevado del Ruiz ocasionó la muerte de más de 20.000 personas.
El anuncio se enmarca en una inversión total de $1.323 millones entre 2024 y 2025, destinada al desarrollo de estudios técnicos, identificación, investigación, análisis y diagnóstico del patrimonio cultural de Armero, así como estrategias de protección y gestión del patrimonio para preservar la memoria del territorio.
Este reconocimiento marca un avance en la deuda histórica del Estado colombiano con las víctimas de la tragedia ocurrida el 13 de noviembre de 1985. Las ruinas de Armero constituyen hoy un testimonio material y simbólico de aquel desastre y de la resiliencia de una comunidad que se niega a quedar en el olvido.
Desde hace más de una década, la Ley 1632 de 2013, conocida como Ley de Honores a las víctimas de Armero, estableció la conservación, restauración y protección de las ruinas de la antigua ciudad. A su vez, el Documento CONPES 3849 de 2015 definió las “estrategias para rendir honores a la desaparecida ciudad de Armero y a sus víctimas”, consolidando así el marco legal que orienta las acciones del Estado para preservar la memoria del territorio y rendir homenaje a quienes lo habitaron, entre ellos la emblemática Omaira Sánchez, una menor que se convirtió en símbolo de una tragedia que marcó la historia del país.
Hoy, desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, damos un paso clave. La inscripción en la LICBIC constituye la primera fase del proceso de declaratoria, lograda gracias a la ejecución del Contrato de Consultoría No. 4088-2024 a cargo de la Unión Temporal Armero BIC, con una inversión de $635 millones.
En 2025, el proceso continúa con la segunda fase, correspondiente a la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), en el marco del Convenio Interadministrativo No. 1600-2025, a cargo de la Universidad del Valle, con una inversión de $688 millones.
El expediente de declaratoria y el PEMP reconocen en Armero un territorio donde convergen los valores materiales, simbólicos y bioculturales de una comunidad que resiste en la memoria. Paralelamente, el Ministerio ha promovido procesos de apropiación social del patrimonio cultural, como la conformación de grupos de Vigías del Patrimonio Cultural, entre ellos el Semillero Fe y Alegría Armero Guayabal, que fortalece el trabajo.
Memoria para la infancia y la adolescencia de Armero
En el marco de este encuentro, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, entregó al director del Archivo General de la Nación (AGN), Francisco Flórez Bolívar, el 'Libro Rojo', documento que registra la atención brindada a niñas, niños y adolescentes afectados tras la avalancha del 13 de noviembre de 1985, una fuente crucial para la memoria.
Según el director del AGN, “este es un ejercicio de memoria que recuerda no solo un hecho histórico, sino la lucha de las familias que buscan recomponer sus lazos y su historia (...) Este documento se vuelve patrimonio documental del país. Como Archivo General de la Nación nos comprometemos a preservarlo y a garantizar su difusión".
