Colombia entra a un tramo preelectoral con olor a pólvora y cocaína, sin embargo, reducir la crisis de estado que vivimos solo a “drogas y malas decisiones” sería simplificar un rompecabezas geopolítico mayor. El asesinato del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay devolvió a Colombia a la gramática del magnicidio similar a la de la época de Pablo Escobar. Esto deja entrever que el crimen desbordó lo partidista y perforó el centro mismo de la competencia democrática que se avecina para 2026.

A esta tragedia se sumaron dos golpes simultáneos en un mismo día que estremecieron al país, un carro bomba que explotó en cercanías a la base aérea Marco Fidel Suarez en el norte de Cali y el derribo de un helicóptero militar en Amalfi, Antioquia. Estos hechos no son aislados, son señales inequívocas de que los grupos armados no solo conservan su capacidad de fuego, sino que han recuperado un margen ofensivo que se traduce en desestabilización y terror. La “paz total”, convertida en bandera gubernamental, se muestra más como un escenario de treguas fallidas que como una estrategia real de control territorial.

¿Es la cocaína el problema estructurante? Sí y no. Sí, porque Colombia volvió a niveles máximos de cultivo y el mercado global alcanzó récords con una producción según la ONUDD de 253 mil hectáreas, alimentando la caja de guerra de disidencias, ELN, Clan del Golfo y otras estructuras. Por otro lado, el no, porque la economía cocalera es el síntoma visible de un síndrome mayor en el que existen profundos vacíos de Estado, debilidad institucional y un ecosistema criminal transnacional que integra minería ilegal, extorsión, contrabando y trata. Sin un cambio profundo en la ecuación riesgo–precio y en la presencia integral del Estado, el círculo seguirá girando y ampliándose.  

El tablero regional complica la ecuación. En Venezuela, Nicolás Maduro enfrenta una persecución judicial y política internacional encabezada por Estados Unidos, que endureció sanciones y recompensas mientras fortalece su presencia en el Caribe. En paralelo, Washington redobló su ofensiva contra carteles en México y Centroamérica, lo que desplaza corredores, encarece la cocaína y aumenta la violencia en los países de tránsito. El efecto globo de la represión en el norte se traduce en mayor presión sobre Colombia y sus fronteras.

En casa, la apuesta del presidente Petro por negociar simultáneamente con múltiples grupos armados genera más incertidumbre que resultados. Los ceses parciales han sido usados por las disidencias como un espacio para recomponer fuerzas, reclutar jóvenes y expandir sus dominios. Donde la justicia, el empleo y la infraestructura brillan por su ausencia, la “paz” no pasa de ser un sofisma de distracción mientras los golpes en Cali y Amalfi lo demuestran de manera brutal.

El horizonte político de corto plazo añade más tensión. Con elecciones legislativas y presidenciales en 2026, Colombia se polariza entre una izquierda que busca perpetuar el proyecto de Petro y una derecha que intenta reconstituirse en torno a un discurso de seguridad, aunque todavía tímido y sin hoja de ruta clara. El asesinato de Miguel Uribe, el terrorismo urbano y los ataques a la fuerza pública alimentan un clamor social por recuperar el orden, pero ese discurso tendrá que ir más allá de la retórica, ¿Cómo blindar 790 municipios donde hay presencia de grupos armados? ¿Qué metas anuales de erradicación y sustitución son realistas sin crisis humanitaria? ¿Qué política internacional aplicar en estos momentos de tensión, ad-portas de la persecución y captura de Nicolas Maduro? 

Los escenarios políticos están abiertos. Un giro hacia una seguridad robusta con desarrollo territorial real; la persistencia de diálogos frágiles acompañados de más violencia localizada; o, a la deriva, donde los actores criminales terminan marcando las reglas de juego. El asesinato de un precandidato, un carro bomba y un helicóptero derribado en una misma coyuntura no son episodios aislados, son síntomas de un Estado que perdió la iniciativa. En todo esto la cuestión es clara. O en Colombia se redefine la estrategia de seguridad y gobernanza territorial de manera inmediata, dando mayor apoyo y autonomía a las Fuerzas Militares, o serán las mafias las que decidan el rumbo de las próximas elecciones.