Colombia vuelve a vivir escenas que creíamos superadas. Tan solo en esta semana, un camión bomba estalló en Cali dejando al menos cinco muertos y más de cuarenta heridos. También, un helicóptero de la Policía fue derribado con un dron cargado de explosivos. 

Estos hechos, sumados a ataques en Cauca y Nariño, muestran que los grupos armados no solo conservan su capacidad bélica, sino que la han perfeccionado con tecnologías nuevas.

El país atraviesa, en medio de estas tragedias, la implementación de la llamada Paz Total. Según el propio Gobierno, actualmente más de 22.000 hombres armados ilegales estarían en procesos de conversación o sometimiento. El objetivo  es terminar con la violencia por la vía del diálogo. Sin embargo, el balance es totalmente desalentador porque no tiene ninguna base de planificación y está lleno de problemas. 

El primer problema es conceptual, pues se negocia bajo el mismo paraguas con estructuras tan distintas como el ELN, las disidencias de las FARC y organizaciones abiertamente narcotraficantes como el Clan del Golfo. Equiparar actores políticos con carteles criminales diluye la legitimidad del proceso y confunde a la opinión pública. Según el Instituto Kroc, encargado de hacer seguimiento a los acuerdos de 2016, los procesos de paz exitosos parten de reglas claras de diferenciación. Aquí, esa claridad brilla por su ausencia.

El segundo problema es práctico, ya que durante las treguas dadas por el Gobierno, en lugar de desmovilizarse, muchos grupos han crecido. La Fundación Ideas para la Paz reportó que entre 2022 y 2024 el número de municipios con presencia de disidencias pasó de 123 a más de 180, una expansión de casi el 50%. Es decir, mientras el Gobierno conversa y tiene una actitud desinteresa y pasiva, los ilegales se reacomodan y consolidan su economía a través de la ilegalidad. 

La consecuencia es devastadora. En 2024, la Defensoría del Pueblo registró más de 250.000 personas desplazadas por la violencia, una cifra que evidencia el fracaso en garantizar seguridad. Además, el 70% de los asesinatos de líderes sociales se concentran en zonas donde el Estado delegó el control territorial a los mismos actores con los que hoy negocia. La contradicción es brutal: la paz se firma en Bogotá mientras se desangra la zona rural. 

¿Es posible negociar sin presencia real del Estado? Difícilmente. Ningún acuerdo puede sostenerse si el Gobierno no garantiza seguridad y oportunidades en los territorios.

El país necesita un pacto serio, con reglas claras, garantías para las víctimas y una estrategia de seguridad firme. Así las cosas, lo que se ha vendido como el mayor proyecto de reconciliación, resultó ser un fracaso más de este gobierno.