Por medio del cual se implementa un manual de identidad visual a las entidades estatales, se prohíben las marcas de gobierno y se establecen medidas para la austeridad de la publicidad estatal. Solo faltaría que se surta el proceso de conciliación y pasaría a sanción presidencial para convertirse en ley de la República y su aplicación iniciaría a partir del próximo año.  

La idea central de la ley es adoptar un único manual de identidad visual con el objetivo de que  la publicidad institucional no sea renovada cada cuatro años y así prohibir a los gobiernos de turno crear marcas propias de sus mandatos y estamparlas en los elementos de uso oficial de las entidades gubernamentales, también involucra a Ministerios, Fuerzas Militares, Cortes, Senado, Cámara, Fiscalía, Procuraduría, departamentos, municipios y la Presidencia de la República, con el fin de generar austeridad en el gasto de cerca de 2.4 billones de pesos que se gastan anualmente para estos fines. Un ejemplo es lo afirmado por la FLIP, que entre el año 2018 y el 2022 se gastaron $ 46 mil millones de pesos para posicionar la imagen del presidente, con esos recursos, se habrían logrado recuperar cerca de 40 mil metros de vías terciarias. 

En este sentido, las alcaldías y gobernaciones deberán proponer marcas de ciudad que se construyan a partir de la historia y la tradición de los territorios, utilizando los símbolos que ya existen. La ley es clara al establecer que no se puede hacer alusión a los colores de la campaña de quien ganó, ni puede incluir frases cortoplacistas. Es un ejercicio que debe incluir el consenso de toda la ciudadanía para que todos entiendan que quienes están dirigiendo un gobierno por cuatro años es transitorio y debe terminar, pero las entidades territoriales y las instituciones permanecen.

Finamente, más allá de la importancia de esta ley a la hora de ahorrarle gastos innecesarios al estado, lo realmente relevante es generar conciencia de que quienes ocupan los cargos de poder representan a la ciudad como proyecto colectivo y no solo del gobernante; es inoficioso que cada obra y cada intervención pública lleven el apellido del burgomaestre o su eslogan, ya que en últimas resulta siendo un culto al ego que no debe ser financiado con los recursos de todos nosotros.