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Borrón y cuenta nueva

Las personas que tengan deudas inferiores al 15% del salario mínimo (menos de $136.279) recibirán dos comunicaciones antes de ser reportadas negativamente.
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19 Ago 2021 - 8:33 COT por Ecos del Combeima

Una de las críticas que siempre le he hecho al Congreso, radica en que se estudian temas que resultan siendo leyes de la república,  que no reflejan las necesidades, expectativas e intereses de los colombianos. Como el día del carriel por ejemplo.

No obstante, uno de los proyectos de ley que precisamente hoy se debatirá para control de legalidad en la Corte Constitucional, es el proyecto de ley de Habeas Data Financiero, también conocido como la ley de “borrón y cuenta nueva” en centrales de riesgo; que de ser aprobado, pasaría de inmediato a sanción presidencial.

Este proyecto será de mucha utilidad para quienes han tenido problemas a la hora cumplir sus obligaciones con el sistema financiero, bajo la circunstancia que sea, ya que los amnistía por única vez al ponerse al día en los 12 primeros meses de vigencia de la ley o que ya lo hayan hecho con anterioridad; al hacerlo,  saldrán de las Centrales de Riesgo en máximo seis meses, al igual que los estudiantes con créditos educativos del Icetex, pequeños productores, jóvenes rurales, mujeres rurales y víctimas del conflicto armado que cancelen  su deuda saldrán inmediatamente del reporte negativo.

A su vez, las personas que tengan deudas inferiores al 15% del salario mínimo (menos de $136.279) recibirán dos comunicaciones antes de ser reportadas negativamente con 20 días de diferencia entre una y otra comunicación.

El proyecto enfatiza, que la calificación crediticia deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo, como también, la consulta de información crediticia siempre será gratuita en todo tiempo y en todos los canales y no disminuirá la calificación.

De la misma manera, se prohíbe la consulta a las Centrales de Riesgo como requisito  para otorgar un empleo, excepto para empleados del sector financiero; además, con el ánimo de  proteger a las víctimas de suplantación personal, con la sola comunicación acompañada  de la copia de la denuncia penal del fraude, la entidad financiera tendrá que eliminar el reporte negativo, dejando una leyenda que indique "víctima de falsedad personal". 

Sin duda alguna esta es una segunda oportunidad financiera, pues de pasar el filtro constitucional, favorecerá a todos los que por cuenta  de la pandemia han perdido sus empleos o cerrado sus empresas, tuvieron que incumplir con créditos que se vuelven bloqueos para acceder a la banca y por ende, limita las opciones de ayuda o respiro para salir de la crisis.

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Colombia arrancó un nuevo ciclo político esta semana. Pero hay otro tema y realidad que no espera y en el que debemos tomar acción.

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Aquí está probablemente la herencia económica más complicada del gobierno Petro. Se quiso construir un Estado capaz de garantizar más derechos, entregar más subsidios y asumir mayores responsabilidades sociales, pero no se consiguió construir al mismo ritmo la economía productiva capaz de financiarlo.

En medio de todas las locuras que aquí suceden, realmente somos unos afortunados, pues una vez más se demostró que Colombia es un país de instituciones fuertes y sólidas.

Ha pasado más de un mes y por el momento, no conocemos la voz de la nueva directora de Espacio Público, ni las estrategias con las que la ya no tan nueva funcionaria debe enfrentar dicha problemática, que como dije anteriormente, pareciera reducirse solamente a la ocupación de la mal llamada “calle bonita”.

El campo tolimense no necesita más cartas bonitas. Necesita resultados. Y su experiencia es garantía de que puede alcanzarlos. Por eso mismo, los retos que tiene por delante no admiten excusas.

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

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