Las víctimas del Comando Conjunto Central de las extintas Farc-EP presentaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sus observaciones sobre las versiones entregadas por exintegrantes de la antigua guerrilla en relación con homicidios, masacres, tomas guerrilleras, desaparición forzada y otros hechos que investiga el Caso 10.

Los comparecientes de las antiguas Farc-EP rindieron versión ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP entre marzo y mayo de este año, por crímenes cometidos en Tolima, Quindío y Huila, zonas donde operó el Comando Conjunto Central.

Las observaciones de las víctimas se desarrollan en el marco del Caso 10, que indaga por homicidios, masacres, desplazamientos forzados, atentados, tomas guerrilleras y uso de minas antipersonal, entre otros delitos atribuidos a las Farc-EP que no han sido abordados en otros procesos de la Jurisdicción.

La etapa de observaciones, iniciada el 31 de octubre, permite que las víctimas reaccionen a lo dicho por los comparecientes, soliciten aclaraciones, expresen sus demandas de verdad y reconocimiento, y aporten información que ayude a comprender lo ocurrido y el daño sufrido.

La diligencia es presidida por Carlos Alberto Mejía Walker, magistrado auxiliar de la Sala de Reconocimiento de Verdad, quien saludó a las víctimas y recordó que ellas “son el centro del trabajo de esta Jurisdicción”. Mejía Walker subrayó que este espacio es esencial para nutrir la investigación y contrastar las fuentes de información.

El primer testimonio fue el del señor D.E.O., quien pidió reserva de su identidad. Contó que era integrante de la Policía Nacional en Dolores (Tolima) cuando los Frentes 25, 17 y 37 de las extintas Farc-EP se tomaron la población los días 16 y 17 de noviembre de 1999. Según su relato, esa incursión hizo parte de una serie de acciones bélicas coordinadas por la guerrilla en la misma fecha.

“Allí voy yo, ya camino hacia la muerte, porque eso era lo que nos decían, que nos iban a matar (…) Como si eso fuera poco, no nos podían sacar, entonces cogieron una camioneta, trajeron dos canecas de 55 galones llenas de gasolina y, con una motobomba, nos rociaron gasolina. Nos iban a quemar vivos (…) Dios mío, una cosa es vivirlo y otra cosa es contarlo (…) Gracias a los programas de convivencia que hacíamos, la comunidad no nos dejó matar.”

El señor D.E.O. relató que, después de resistir más de 14 horas el ataque con explosivos y un carrobomba, fue secuestrado. Hoy sufre una discapacidad del 79,97 %, lo que le impide trabajar. “El cambio de vida ha sido dramático, drástico el cambio de vida que tiene uno después de recibir varios impactos (…) Hoy en día no puedo acceder a un trabajo; la pensión es mínima y no me alcanza para sobrevivir.”

El magistrado Mejía Walker reconoció su testimonio como un acto de valor: “Reconozco su valentía por estar presente aquí, la intervención que hace da cuenta de que la victimización a la que fue sometido no se reduce a las afectaciones ocurridas alrededor de la toma guerrillera. A partir de ahí su vida cambió. Espero que la JEP ayude a satisfacer sus derechos.”

En la audiencia también intervino el señor W.R.S., quien igualmente pidió reserva de su identidad. Relató que, en marzo de 2012, mientras prestaba servicio en el Ejército Nacional, su madre fue amenazada en el corregimiento de El Limón, en Chaparral (Tolima), por un integrante del Frente 21 de las Farc-EP, y obligada a desplazarse debido a que él pertenecía a la Fuerza Pública.

Explicó que fueron numerosas las familias desplazadas por el Comando Conjunto Central en la región por tener entre sus miembros a integrantes del Ejército o la Policía. La víctima afirmó que la amenaza truncó su proyecto de vida, le impidió acompañar a su madre en sus últimos años y regresar al territorio donde nació y creció.

El tercer testimonio fue el de la señora G.C.O., quien también pidió reserva de su identidad. Relató que, en febrero de 2003, en Chaparral (Tolima), hombres armados de la extinta guerrilla llegaron a su residencia, donde vivía con su familia, y la amenazaron por ser esposa de un miembro de la Fuerza Pública, lo que la obligó a desplazarse con su hijo pequeño.

Su hija, la señora Y.S.I., intervino en la audiencia para narrar los mismos hechos y el posterior desplazamiento forzado de su madre. “Ese día, alrededor de las 7 de la noche, llegaron hombres armados del Frente 21 Cacica La Gaitana de las Farc. Me dijeron directamente que debía abandonar la región, que yo no podía seguir viviendo allí porque convivía con un soldado profesional.

Me dijeron que las mujeres no podíamos estar relacionadas con miembros de la Fuerza Pública y que, si no me iba, me mataban (…) No fue una salida planeada, ni digna, ni tranquila. Fue huir. Salimos con lo puesto, con el alma hecha pedazos, dejando nuestra casa, nuestras raíces, nuestra historia.”

La señora Y.S.I. relató además las dificultades que enfrentó su madre al escapar de la violencia y reconstruir su vida lejos de su tierra. “Yo no podía volver a la vereda ni al pueblo porque el miedo seguía acompañándome. Mi mamá quedó viviendo en la vereda de Chaparral. Yo quería verla, abrazarla, pero no podía regresar. El miedo se volvió parte de mi vida y, aunque resido con mi esposo y mis hijos en la ciudad de Ibagué, la verdad es que uno nunca deja de cargar lo que pasó.

Gracias a Dios no viví daños físicos, pero el daño psicológico sí fue profundo. Se me arrebató la tranquilidad de mi hogar, de mi tierra, de mi infancia. Se me arrebató la libertad de moverme, de regresar, de visitar a mi propia madre”, narró la víctima.

Las audiencias de observaciones del Caso 10 continuarán recibiendo los relatos de las víctimas en los próximos días, en el proceso de contrastación de las versiones entregadas por los antiguos miembros del Comando Conjunto Central de las Farc-EP ante la JEP.