Después de varios días de expectativa, se conoció que los dos hombres capturados en zona rural del municipio de Rovira, quienes fueron señalados en principio de pertenecer a una estructura disidente de las Farc y de presuntamente estar relacionados con las amenazas a la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, recuperaron su libertad.

El caso cobró relevancia nacional luego de que el propio ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunciara en su cuenta oficial de X la captura de los supuestos responsables, destacando que se trató de una operación conjunta entre el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional. Sin embargo, esa publicación habría generado confusión sobre el verdadero alcance de la diligencia.

Durante el operativo, realizado en la vereda Tuamo, las autoridades incautaron varias armas cortas, escopetas y munición de diferentes calibres, elementos que —según la versión oficial inicial— serían utilizados por una estructura armada ilegal con presencia en el sur y centro del Tolima.

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Pese a ello, los dos capturados fueron dejados en libertad por decisión de las autoridades competentes, aunque continúan vinculados al proceso judicial. De acuerdo con versiones extraoficiales, el propietario de la finca donde laboraban habría asumido su defensa, contratando a un abogado que logró su liberación mientras avanza la investigación.

Entretanto, en la vereda Tuamo, algunos habitantes han salido en defensa de los dos hombres, asegurando que los conocen desde hace años y que no tienen vínculos con actividades delictivas. “Son trabajadores de la zona, no guerrilleros”, expresaron algunos de ellos.

Por su parte, el Ejército Nacional reafirmó que la operación fue una diligencia de captura completamente legal y dentro del marco de las funciones militares, enfatizando que su labor concluyó con la incautación del material de guerra. Las versiones que los relacionan con las amenazas a la mandataria departamental —según la institución— se originaron posteriormente a raíz de la publicación del ministro de Defensa.

El proceso judicial continúa su curso para determinar si los dos hombres tienen o no relación con grupos armados ilegales o si se trató de un malentendido en medio de las operaciones de control militar. Mientras tanto, las autoridades mantienen los operativos en municipios como Rovira, Roncesvalles y San Antonio, con el fin de prevenir la consolidación de estructuras armadas en esa zona del Tolima.