Lo que viene sucediendo en el país amerita, una vez más, un análisis sobre el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en el manejo de hechos noticiosos con implicaciones judiciales. Esta vez, el dilema lo pone el caso del periodista Rafael Poveda, señalado por presunto acoso y abuso sexual luego de que el medio digital Brava News y el colectivo Yo Te Creo Colega difundieran los testimonios de dos mujeres que lo denuncian.

El quid del asunto sigue siendo el mismo de siempre, la postura de los medios al realizar “juicios paralelos” a los juzgados, tribunales u órganos de control, decretando con ligereza responsabilidades, culpabilidades o inocencias. Así lo definió el magistrado español Eduardo de Porres Ortiz de Urbina: el juicio paralelo es el seguimiento que hacen los medios de un hecho sometido a investigación judicial, valorando la conducta de los implicados, de modo que ante la opinión pública terminan ejerciendo el papel de juez, fiscal y defensor, con información sesgada que discurre en paralelo al proceso.

El caso Poveda expone claramente esa situación. Por un lado, el derecho legítimo de toda mujer a denunciar cuando considera que ha sido vulnerada, y el papel de colectivos como Yo Te Creo Colega en acompañar procesos que históricamente encontraron obstáculos para ser escuchados. Por otro, el derecho igualmente legítimo del señalado a la presunción de inocencia y a no ser condenado antes de una decisión judicial. Poveda cuestionó que se publicara el testimonio sin buscar antes su versión; el colectivo sostiene que sí le dio oportunidad de réplica. Ambas partes reclaman rigor; la ciudadanía, mientras tanto, ya emitió su veredicto en redes, antes de que la Fiscalía diga una sola palabra.

Denunciar e investigar es una función legítima del periodismo, más aún en violencias de género, que por décadas encontraron en el silencio mediático su principal forma de impunidad y revictimización . Pero informar con objetividad es distinto a filtrar actuaciones reservadas o dejar que la presión condicione posiblemente a los jueces. Ahí recae el problema: esa presión, amplificada por medios y redes, puede inducir a las autoridades a actuar movidas por lo que algunos jueces de garantías han llamado, sin rodeos, un “show mediático”, estigmatizando al señalado y contaminando la imparcialidad de quien debe juzgar.

El equilibrio no está en elegir entre creerle a la víctima o proteger al señalado, como suele plantearse en redes, sino en sostener ambas garantías a la vez: canales serios para que las denuncias sean escuchadas, y respeto a la presunción de inocencia hasta que un juez decida lo contrario. Ninguna es negociable; anteponer una sobre otra, así sea con buena intención, termina debilitando ambas.

Por eso vale la pena recordarlo: todo colombiano es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, hasta que un juez lo decrete mediante fallo judicial, no porque un medio, un colectivo o la opinión pública en redes lo “decrete”.