Deuda creciente, dólar barato, tasas de interés asfixiantes, una inflación que se resiste a ceder, costos laborales disparados y un Estado que consume cada vez más recursos que deberían estar destinados a transformar el país. Colombia no está en recesión ni puede hablarse todavía de estanflación, pero varias luces amarillas empiezan a encenderse simultáneamente. Ante este panorama, celebrar simplemente que “estamos creciendo” resulta insuficiente. La pregunta de fondo es otra: ¿qué tipo de economía estamos construyendo, ¿qué tan sostenible es ese crecimiento y cuánto tiempo puede soportarse un Estado que cada vez demanda más recursos para sostener su propio funcionamiento?

El Presupuesto General de la Nación para 2027 resume brutalmente el problema: $634,9 billones. De ellos, $392,6 billones serán para funcionamiento, $155,4 billones para servicio de la deuda y apenas $87 billones para inversión. Traducido al lenguaje de cualquier familia: de cada $100 que, presupuesta la Nación, aproximadamente $62 se van en funcionamiento, $24 en deuda y apenas $14 quedan para inversión. 

Construimos un Estado cada vez más difícil de sostener y con menos espacio para transformar el país. Para 2027, el escenario fiscal actualizado calcula un déficit del Gobierno Nacional Central del 9,4 % del PIB y una deuda neta del 66,2 %. El propio Banco de la República advierte que el ajuste deberá profundizarse durante varios años.

Sería simplista cargar semejante problema a un Gobierno que apenas comienza. De la Espriella recibió buena parte de estas obligaciones, deuda y rigideces acumuladas. Son problemas de varios gobiernos, aunque el deterioro fiscal se profundizó durante la administración Petro. Colombia arrastra un Estado obsoleto y paquidérmico que aprendió a crear gastos permanentes mucho más rápido que la riqueza necesaria para financiarlos.

Colombia tampoco está en recesión ni en estanflación. El PIB creció 3,5 % anual en el segundo trimestre y el desempleo fue 8,1 % en julio. Sin embargo, el ISE (Indicador de seguimiento a la economía) de julio avanzó apenas 1,11 %, mientras la inflación llegó en agosto al 6,24 %. No hay estanflación, pero sí ingredientes que obligan a vigilarla; inflación persistente, política monetaria restrictiva y señales recientes de desaceleración.

En todo esto aparece una paradoja extraordinaria. Para contener la inflación, el Banco mantiene su tasa en 12 %. El crédito se encarece, comprar vivienda se dificulta y muchas inversiones dejan de ser rentables. Pero semejante diferencial de tasas también favorece operaciones de carry trade; capitales que buscan altos rendimientos en pesos, presionando adicionalmente la apreciación de nuestra moneda. 

El dólar rondaba esta semana los $3.150. Para importar es una bendición; para muchos exportadores, una pesadilla. Cafeteros, agricultores, agroindustriales y manufactureros reciben menos pesos por cada dólar mientras pagan salarios, energía, fertilizantes, combustibles, transporte e impuestos en Colombia.

Comenzamos así a experimentar síntomas parecidos a una “enfermedad holandesa” de naturaleza financiera, abundancia de divisas, altas tasas, capitales buscando rentabilidad, peso fortalecido y sectores transables perdiendo competitividad. Se suman remesas históricamente altas y una economía subterránea imposible de ignorar. No sabemos cuánto de la revaluación corresponde a dólares del narcotráfico, lavado o contrabando; afirmarlo sin evidencia sería irresponsable, pero creer que semejantes economías ilegales no introducen divisas ni distorsiones sería ingenuo.

Otro ingrediente llegó por el lado laboral. El fuerte aumento del salario mínimo mejoró los ingresos de millones de trabajadores, pero también elevó costos empresariales y obligaciones indexadas. Para hoteles, restaurantes, comercio, vigilancia, agricultura y actividades intensivas en mano de obra, salarios, nocturnos y dominicales pueden determinar si contratan, reducen personal o simplemente sobreviven.

Con todo este coctel Molotov aparece nuestro verdadero drama estructural, la economía colombiana se quedó pequeña frente a otras economías de la región.

En 2025 exportamos apenas US$50.200 millones en bienes, y el 38,2 % todavía correspondió a combustibles y productos extractivos. Seguimos dependiendo demasiado de petróleo, carbón, café y materias primas mientras otras economías latinoamericanas construyeron aparatos productivos más grandes o sofisticados. México exporta U$640.000 millones de dólares, Brasil U$394.000 millones, Chile U$107.000, mientras Argentina y Perú nos superan sobre manera. Nuestro problema no es solamente crecer 2,5 %, 3 % o 3,5 %. Es preguntarnos qué estamos produciendo, cuánto valor agregamos y qué vendemos al mundo.

Colombia necesita una cirugía, no pañitos de agua tibia. Debemos racionalizar seriamente el gasto estatal, revisar duplicidades y burocracia, proteger la inversión pública, estabilizar las finanzas, sofisticar industria y agroindustria, multiplicar exportaciones, reducir costos logísticos, atraer inversión productiva y elevar productividad y competitividad. Solo entonces habrá espacio sostenible para menores tasas de interés y para sostener un salario mínimo como el actual vigente. 

Ningún país puede redistribuir indefinidamente una riqueza que no produce. Colombia no puede seguir buscando nuevos bolsillos para financiar una burocracia creciente mientras sacrifica precisamente la inversión que podría hacer crecer su economía. El camino exige un Estado más eficiente y austero, pero también una economía más productiva, sofisticada y exportadora, capaz de generar riqueza y empleo. Menos recursos para sostener estructuras políticas e instituciones clientelistas y más inversión para transformar el país. Porque antes de preguntarnos cómo repartir la riqueza, tendremos que volver a preguntarnos cómo producirla.