Convertir a la ANDI en blanco de protestas por asuntos ajenos a su misión es inadmisible y desborda los límites de la convivencia democrática: la protesta es un derecho cuando es pacífica, no cuando deriva en intimidación, daños, bloqueos o riesgos para la integridad de terceros. 

El Estado debe proteger la vida, la honra y los bienes, y la ciudadanía no puede abusar de sus derechos. Los hechos en la sede de Bogotá, concentraciones nocturnas, episodios de violencia y amenazas de continuidad, afectan libertades y actividades esenciales como la asociación, el trabajo, la propiedad y la libre empresa. 

“Nada en el derecho a manifestarse ampara estigmatizar o paralizar a una organización por temas que no le competen. Toda nuestra solidaridad con los trabajadores, familias y empresas afectadas por estas estigmatizaciones. Defender a la ANDI es defender el empleo, la libertad de asociación y el derecho a vivir bajo la legalidad, no bajo el oportunismo ni la injusticia”, señaló la presidente de AMCHAM Colombia, María Claudia Lacouture.

La organización solicitó al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública que, dentro del marco de la ley y con estándares de derechos humanos, garanticen la protesta sin violencia, protejan a las personas e instalaciones, prevengan y contengan el acoso, y actúen frente a quienes incurran en daños o amenazas. 

“Permitir que la protesta derive en señalamiento y coacción contra un gremio sienta un precedente peligroso y desconoce obligaciones: proteger personas y bienes, preservar la convivencia y actuar con protocolos proporcionales y verificados”, concluyó la directiva.