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IBAGUÉ - COLOMBIA, 10.Mayo.2021
  |   26.Febrero.2021   |   Por:  
Camilo Patiño

“No podemos ocultar la realidad, vivimos en una ciudad insegura”: concejal Toro

Ibagué, Tolima, 2018
Crédito: 
EL ESPECTADOR
El cabildante del Centro Democrático cuestionó las cifras entregadas por la Alcaldía a través de su Secretaría de Gobierno y le pidió acciones inmediatas a Andrés Hurtado.
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El concejal Eduard Toro cuestionó las cifras entregadas por la Alcaldía de Ibagué en materia de seguridad y le exigió acciones contundentes e inmediatas a Andrés Fabián Hurtado para evitar que continúen las acciones delincuenciales que a diario son registradas por los medios de comunicación.

Precisamente, el cabildante del Centro Democrático le envió un oficio al secretario de Gobierno, Carlos Andrés Portela, en el que no solo expone “la situación tan grave de inseguridad” que afronta la capital del Tolima, sino que también manifiesta que se trata de una competencia propia de la gobernanza.

“Sin seguridad no hay inversión privada, se aumenta la posibilidad de atentar contra la vida, no hay orden, no se puede construir ciudad”, sostuvo Toro, e insistió en que la estadística entregada en repetidas ocasiones por Portela en materia de operatividad de la fuerza pública no son consecuentes con la realidad.

“No podemos ocultar la realidad, vivimos en una ciudad insegura. Ibagué hoy está invadida por delincuentes, invadida por bandas criminales que se han apoderado de todos los parques”, puntualizó el cabildante.

Orozco reconoció la problemática

En medio de la preocupación generalizada que existe en la capital del Tolima por cuenta de los hechos delictivos que a diario están siendo reportados por los medios de comunicación, el gobernador Ricardo Orozco reconoció el pasado martes que existe una problemática que debe ser atendida por la fuerza pública.

“Hay que apretar a la Policía”, dijo el mandatario departamental, y a cambio de exponer cifras institucionales de operatividad como lo ha hecho la Secretaría de Gobierno de Ibagué, dejó claro que la autoridad gubernamental debe exigir resultados para contrarrestar el flagelo de la delincuencia.