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Justicia requiere a gobernadora y alcaldesa por sedes de atención de desastres vulnerables a sismos

Las edificaciones no cumplirían normas sísmicas y no garantizarían operación en emergencias.
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11 Ago 2026 - 19:08 COT por Ecos del Combeima

El Juzgado Cuarto Administrativo de Ibagué requirió a la Alcaldía y a la Gobernación del Tolima para que expliquen qué harán frente a las sedes donde operan las oficinas de gestión del riesgo, al evidenciarse que no cumplirían con normas de sismo-resistencia.

Un dictamen pericial concluyó que los inmuebles fueron diseñados para otros usos —comercial y vivienda— y con exigencias estructurales inferiores a las requeridas para atender emergencias.

El requerimiento se centra en las sedes donde hoy operan estas dependencias, ubicadas en la carrera 2 No. 12-44, en el caso del Municipio, y en la calle 12 No. 3-85, donde funciona la oficina departamental.

La decisión se da dentro de una acción popular en la que se evaluó el cumplimiento de una orden judicial emitida desde 2006, que exigía estudios de vulnerabilidad sísmica y adecuaciones a las edificaciones donde operan estas dependencias.

Según el análisis, no hay garantía de que estas edificaciones se mantengan operativas tras un sismo fuerte, como exige la norma para este tipo de dependencias.

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En el caso del Municipio, el inmueble fue licenciado como torre comercial y calculado con un coeficiente estructural inferior al exigido para este tipo de oficinas. Según la perito, esto implica que no hay garantía de que la edificación pueda mantenerse operativa durante o después de un sismo de gran magnitud.

Situación similar ocurre con la sede departamental, que fue aprobada como vivienda multifamiliar, con menores exigencias técnicas. El dictamen advierte que, bajo esas condiciones, tampoco existe respaldo documental de que la infraestructura cumpla con los requisitos de la norma NSR-10 para oficinas de gestión del riesgo.

El despacho judicial advirtió que, pese a que han pasado casi dos décadas desde la orden inicial, las entidades siguen operando en las mismas sedes sin demostrar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

El juzgado dio un plazo improrrogable de cinco días a la Alcaldía de Ibagué y a la Gobernación del Tolima, es decir, hasta este viernes, para presentar un informe detallado con las acciones a corto y mediano plazo.