Han sido más de 30 días complejos, que no solo dan cuenta de las consecuencias del temblor y que recuperar toda la flora perdida requerirá décadas, sino que a los incendios se les sumó una escalada de violencia.

Ejemplo de ello es que hoy en Colombia se habla solo de izquierda y derecha, ambas de corte popular, aunque se insiste en calificarlas como de extremos; pero sin el impacto popular difícilmente habrían logrado lo que alcanzaron electoralmente.

En el caso particular, la Universidad del Tolima representa para miles de jóvenes la posibilidad de acceder a una profesión sin que el origen económico de sus familias determine su futuro, pero también representa un lugar en el que convergen las investigaciones sobre agricultura, agua, salud pública, turismo, producción, tecnología, desarrollo territorial, entre muchos otros temas, y es esa perspectiva justamente la que debería ser el punto de partida de las acciones del gobierno de la llamada “Patria Milagro”.

Hoy solo queda pedirle a la nueva administración celeridad en los procesos. Es hora de que dejen de jugar con los campesinos y de que esas tierras que se han prometido una y otra vez, por fin sean verdaderamente de ellos.

En el segundo trimestre de 2026, el número de micronegocios en Colombia creció apenas 0,5 % frente al mismo periodo del año anterior y el personal ocupado aumentó 0,6 %. Hasta ahí parecería un crecimiento tímido. Pero hay un dato que cambia completamente la conversación: los ingresos de esos micronegocios crecieron 14 % en términos nominales.

Las estimaciones iniciales del Gobierno han situado las pérdidas alrededor de $30 billones, aproximadamente unos US$9.600 millones, aunque la cifra definitiva seguramente necesitará tiempo para consolidarse.

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.