En visita administrativa realizada al Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación hizo un monitoreo a los compromisos establecidos frente a los registros de comunidades étnicas, a las medidas de protección colectiva y al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz. 

El ente de control enfatizó en la urgencia de actualizar los registros y censos étnicos como garantía del gobierno propio y los derechos colectivos, solicitando detalles sobre el plan de choque del Ministerio, que incluye la contratación de expertos y la implementación de herramientas digitales para censos masivos en el 2026.

En cuanto a protección colectiva, la Procuraduría señaló que revisó el informe de la dirección de Derechos Humanos relacionando 2.511 medidas de protección para 325 colectivos, siendo los mayores beneficiarios los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como los colectivos de derechos humanos, mujeres, población campesina y organizaciones sindicales. 

Asimismo, identificó retrasos en entidades territoriales, especialmente en gobernaciones y alcaldías, donde las principales dificultades para la implementación de medidas de protección incluyen capacitación y asistencia técnica, limitaciones logísticas, presupuestales y de conectividad.

La Procuraduría expresó su preocupación por los escasos avances en el Capítulo Étnico y advirtió que la actuación preventiva continúa vigente, con recomendaciones orientadas al cumplimiento de indicadores y al reporte oportuno en sistemas oficiales. 

El Ministerio del Interior se comprometió a remitir, a más tardar el próximo 20 de enero de 2026, un informe consolidado que dé cuenta de los avances alcanzados, así como una estrategia integral orientada a superar los atrasos identificados, antes de la finalización de la vigencia gubernamental.