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La seguridad ciudadana

La inseguridad que pulula en las calles, centro comerciales, conjuntos residenciales, al andar en moto o carro, hace que se desconfíe de las autoridades y en el aparato judicial del país.
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26 Nov 2021 - 7:56 COT por Ecos del Combeima

Hace un tiempo escribí sobre los graves problemas de seguridad que está viviendo el país, una situación que se volvió constante y  que tiene al  limite a la sociedad en general.

El cansancio que tenemos los colombianos es evidente, pues ya no es un simple tema de percepción; la inseguridad que pulula en las calles, centro comerciales, conjuntos residenciales, al andar en moto o carro, hace que se desconfíe de las autoridades y en el aparato judicial del país. La explicación de fondo tiene que ver con la difícil situación económica por la que se atraviesa a raíz de la misma pandemia, que incide en la proliferación de ladrones que a como de lugar pretenden conseguir lo que dejaron de percibir. Además, no se puede esconder que en Colombia es rentable delinquir. 

Ahora bien, si analizamos lo que ha ocurrido recientemente en ibagué, tendríamos que agregarle un ingrediente más,  la degradación y  pérdida de valores de nuestros jóvenes. En el caso la muerte de los policías, fueron muchachos de 16 y 20 años, naturales de Rovira, que como en las películas atacaron a los patrulleros en plena avenida ambalá, andando en moto y propinándoles  disparos en la cabeza y en el cuello, dando también un mensaje de irrespeto por la autoridad. No obstante, hay que reconocer que la policía actuó con prontitud al realizar un plan candado  que permitió la captura en tiempo récord de los asesinos.

Entonces, contrario a lo que se entendió durante mucho tiempo, la seguridad no debe ser un concepto asilado y debe comprenderse como la seguridad  ciudadana, que no sólo depende de la policía. La seguridad ciudadana está relacionada a la presencia de múltiples actores, condiciones y factores. Entre ellos: la historia y la estructura del Estado y la sociedad; las políticas y programas de los gobiernos; la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, la policía es un engranaje indispensable para las garantías de los derechos humanos comprometidos ante la violencia y el delito. Así lo ha entendido la comisión interamericana de los derechos humanos.

Finalmente, todos, como sociedad, debemos unirnos para combatir ese flagelo, pues no basta con tener la mejor articulación entre la  tecnología que brinda  las  cámaras de seguridad con las que ya cuenta la ciudad, con aumentar el pie de fuerza que  con su accionar ha permitido la captura de cerca de mil delincuentes en lo que va corrido del año, si los Ciudadanos no denuncian o no toman  la mas  mínimas medidas precaución, como se dice coloquialmente, no dar papaya.

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La reflexión no es comparar a Ibagué con Medellín para encontrar lo que falta, sino para entender qué funciona allá y cómo apropiar lo que nos convenga acá en nuestra escala y con nuestra propia identidad.

Aunque no tenemos experiencias similares, sí hemos afrontado con grandeza y determinación esa ilegalidad minera, y toca seguirlo haciendo hasta encontrar una solución definitiva.

Porque si no los cuidamos, difícilmente podremos aspirar a un futuro distinto.

Porque la pregunta de fondo sigue intacta: ¿la economía circular está transformando el modelo de desarrollo o se está convirtiendo en una narrativa conveniente para justificarlo?

La propia cumbre lo dijo sin rodeos: el desafío ya no es conceptual, es de articulación, y ahí está el punto clave. Nuestras ciudades no necesitan más diagnósticos, pues estamos sobre diagnosticados, sino que necesitan ejecución.

Porque aquí no solo integramos especies, también las ponemos a producir… aunque el único negocio rentable siga siendo el de siempre.

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.