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No solo son derechos, también son deberes

En todo este tiempo de paro, a muchos se les ha olvidado que no solo es exigir derechos, sino que como ciudadanos tenemos deberes que también están contenidos en la constitución. Por: José Adrián Monroy.
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10 Jun 2021 - 7:59 COT por Ecos del Combeima

Muchos de los motivos que fundaron el paro que hemos vivido durante más de un mes, es la legítima reclamación por el cumplimiento de los derechos que les son inherentes a todo colombiano y que están consagrados en la Constitución Política de 1991; una de las constituciones más garantistas de Latinoamérica.

Sin duda, el país después de su promulgación fue más pluralista, inclusivo y participativo; y abrió el camino, al menos en el papel, a que fuéramos una sociedad más justa, equitativa e igualitaria. Es evidente que aquí no se cumplen muchos de los propósitos plasmados en nuestra carta política. De hecho, una de las razones por las que el pueblo se manifiesta es esa, que no se respetan derechos fundamentales y esenciales como el de la vida, la salud o la educación, al trabajo, la vivienda, etc.  

Sin embargo, en todo este tiempo de paro, a muchos se les ha olvidado que no solo es exigir derechos, sino que como ciudadanos tenemos deberes que también están contenidos en la constitución.  Puntualmente, el capítulo 5 señala que la calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades y establece 9 deberes que gran parte de la población desconoce:

1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas; 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacional. 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano; 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.

Si analizamos con detenimiento este simple artículo, se están incumpliendo buena parte de los deberes, obligaciones y responsabilidades que tenemos los colombianos como aporte a nuestra vida en comunidad. Por lo tanto, mientras no exista un balance entre lo mucho que pedimos y entre lo poco que damos, va a ser muy difícil avanzar hacia una mejor sociedad. 

De nada servirá el cambio de gobierno si no existe un cambio real en la gente.

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Nuestro país tiene una peligrosa costumbre política, convertir al presidente de turno en responsable absoluto de nuestras frustraciones.

Una parte importante de la explicación está en las condiciones en que operan esos negocios.

Lo digo sin ironía y sin ganas de bajarle el ánimo a nadie. Lo digo porque esa contradicción, fiesta arriba y números abajo, resume mejor que cualquier informe el momento que vive el cafetero tolimense.

Ojalá que los miembros del equipo de trabajo que ha elegido Méndez para acompañarlo no sean inferiores no solo a su amplia capacidad de trabajar, sino al lugar en el que muchos nos hemos formado y hemos formado a otros.

Ejemplo de ello es que hoy en Colombia se habla solo de izquierda y derecha, ambas de corte popular, aunque se insiste en calificarlas como de extremos; pero sin el impacto popular difícilmente habrían logrado lo que alcanzaron electoralmente.

Le pido a Dios, que me acompañe en esta tarea y que pueda hacer todo de sí, en beneficio de mi país. Y como dicen en la linda tierra que me acogió cuatro años, “arrieros somos y en el camino nos vemos”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

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