Con apenas 15 policías para enfrentar la presencia de disidencias y más de 5.000 mineros ilegales en su territorio, el municipio de Ataco atraviesa una de las crisis de orden público y ambiental más complejas del sur del Tolima.

Así lo expuso el alcalde Héctor Fabio Muñoz durante el debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde advirtió que la capacidad institucional está completamente desbordada.

“En la estación de policía de Ataco contamos con 15 policías”, señaló.

El mandatario explicó que la situación se agrava por la débil presencia militar, lo que dificulta contener el avance de la minería ilegal y de los grupos armados que se financian de esta actividad.

Muñoz también reveló que, pese a los esfuerzos realizados desde la administración municipal, incluyendo solicitudes formales a entidades del orden nacional y departamental, la respuesta no ha sido suficiente para frenar el fenómeno.

Uno de los puntos más críticos es el retorno de los mineros ilegales tras operativos puntuales.

Según denunció, aunque la presencia del Gobierno Nacional generó en su momento la salida de maquinaria, la falta de continuidad permitió que todo volviera a la normalidad.

“Solamente han hecho un operativo (...) y no han vuelto a hacer más operativos”, afirmó.

El alcalde detalló que la minería ilegal ha generado un fuerte impacto social, con el aumento de homicidios, riñas y accidentes, además de una alta presión sobre los servicios de salud, que hoy no logran atender la demanda en el municipio.

A esto se suma la llegada masiva de población foránea, que supera las 5.000 personas, atraídas por la actividad minera ilegal.