Justicia tarifaria: Superservicios obliga a Alcanos a devolver dinero a usuarios en Tolima
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso a Alcanos S.A. E.S.P. un Programa de Gestión que obliga a la empresa a devolver los cobros excesivos realizados a los usuarios en sus facturas de gas natural. Entre los departamentos beneficiados se encuentra el Tolima, donde miles de familias recibirán una compensación del 100 % del valor cobrado injustificadamente.
El senador Miguel Barreto calificó como un avance significativo la decisión de la Superintendencia de ordenar compensaciones para más de un millón de usuarios de Alcanos en departamentos como Tolima, Boyacá y Huila, tras evidenciarse un incremento injustificado. Barreto señaló que esta medida debe marcar el inicio de una acción institucional más decidida para defender a los usuarios, quienes históricamente han sido ignorados en los debates sobre servicios públicos, dominados por intereses de grandes empresas.
El congresista del Tolima fue enfático en denunciar que tanto la Superintendencia como otras entidades del sector han sido “de papel”, permitiendo abusos reiterados por parte de compañías como Alcanos, Celsia, entre otras. Barreto insistió en que el Congreso ha alzado su voz frente a este problema y advirtió sobre un panorama preocupante para 2026, donde Colombia podría enfrentar un déficit de gas y energía si no se destraban los proyectos detenidos por trámites burocráticos. “Los usuarios no tienen a quién acudir y mientras tanto, pagan tarifas excesivas por servicios deficientes”, concluyó.
Según la entidad de control, Alcanos incrementó sus tarifas en un 51 % desde enero de este año sin contar con una justificación técnica válida, dado que la empresa disponía de reservas suficientes de gas natural nacional para suplir la demanda esencial. Además, se identificaron irregularidades en la forma como la compañía reportó la disponibilidad de gas, usando argumentos falsos para justificar importaciones y con ello aumentar los costos al usuario residencial.
Como parte del proceso, la entidad ha remitido el caso a la Superintendencia de Industria y Comercio y a la Fiscalía General de la Nación para iniciar un procedimiento sancionatorio y asegurar que Alcanos no incurra nuevamente en estas prácticas.
“El interés principal de esta medida es garantizar que los servicios públicos domiciliarios sean un derecho real para la ciudadanía y no una carga injustificada”, indicó la Superintendencia, respaldando la decisión en los lineamientos del presidente Gustavo Petro sobre el acceso equitativo y transparente a los servicios públicos.
