La historia parece repetirse con nombre propio. Yeferson Camilo Cañizales Romero fue enviado nuevamente a prisión, señalado esta vez de asesinar a un ciudadano en el barrio Jordán Octava Etapa de Ibagué el pasado 25 de mayo. Lo increíble es que este mismo hombre ya había sido procesado por un homicidio ocurrido en ese mismo sector en enero de 2022, cuando presuntamente mató con arma blanca a Jefferson Abel Aristizábal Betancourt, hermano de la gerente de RCN Radio en la capital tolimense.

En esta nueva ocasión, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima le imputó los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, cargos que Cañizales Romero no aceptó.

Según la investigación, la víctima caminaba por un callejón en compañía de otra persona cuando fue sorprendido y atacado a tiros por el hoy capturado. Aunque alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, falleció por la gravedad de las heridas. El señalado fue detenido por la Policía Nacional frente a un centro comercial, en cumplimiento de una orden judicial.

Sin embargo, lo que más llama la atención de este caso es que Cañizales Romero ya había sido imputado en 2022 por el homicidio de Jefferson Aristizábal, quien recibió siete puñaladas en la espalda y el pecho. Según la Fiscalía, ese hecho también ocurrió en vía pública del barrio Jordán Octava Etapa y fue resultado de un acto de intolerancia.

¿Cómo es posible que un hombre que enfrentaba una medida de aseguramiento por un crimen tan grave se encontrara nuevamente en libertad? La pregunta resuena con fuerza, especialmente entre familiares de las víctimas y en la opinión pública, pues se trata de dos muertes violentas cometidas presuntamente por la misma persona, en la misma zona, con apenas tres años de diferencia.

Este caso pone en el centro del debate la efectividad del sistema judicial colombiano y el seguimiento a las medidas privativas de la libertad para presuntos homicidas reincidentes.