El proyecto, que representa un avance hacia la equidad social y la protección de los derechos de los usuarios, señala en el articulado que las empresas de servicios públicos no podrán cobrar tarifas adicionales cuando se reinstalen los servicios en el domicilio del cliente, una práctica que ha sido cuestionada por considerarse injusta.

El senador Jairo Castellanos, autor del proyecto, destacó que los servicios básicos deben ser un derecho garantizado para todos y no un privilegio reservado a unos pocos, recordando que Colombia sigue siendo uno de los países con mayores índices de desigualdad en el mundo.

Por su parte, el senador Gustavo Moreno, ponente del proyecto, señaló que los servicios públicos son derechos fundamentales y no pueden convertirse en un negocio. “Si una persona se pone al día con el pago de su servicio, no tiene por qué pagar nuevamente para que se lo reconecten”, afirmó.

Es un alivio a las personas que por causas económicas no pueden pagar el servicio a tiempo y menos van tener recursos para cancelar la deuda con un recargo que en muchos casos supera el monto de la factura expedida por la prestación del servicio.

La propuesta comenzará un segundo debate en la plenaria del Senado y si es aprobada, pasará a sus dos últimos debates en la Cámara.