El expresidente Álvaro Uribe Velez, anunció que renuncia a la percepción de su proceso judicial que se debería dar en octubre.

En carta enviada al magistrado  de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, TSB,  Manuel Antonio Bernal Gutiérrez, Uribe Vélez, señaló que “Es del dominio público que la acción penal, de la causa de la referencia, prescribe el 16 de octubre de 2025, es decir en menos de dos meses. He sido ampliamente ilustrado, por mis abogados, sobre el alcance de la prescripción de la acción penal, su carácter de garantía del debido proceso y las consecuencias favorables que, para mí situación jurídica, traería su muy probable ocurrencia”.

Agrega que “acudo ante ustedes para manifestar mi deseo de renunciar a la prescripción. Por las siguientes razones: Como tuve ocasión de explicarlo a la señora Juez, en mí declaración en juicio, el apego a verdad ha sido una constante en mí vida pública y su búsqueda ha sido mípropósito incesante, tras ser por años el receptor de las más viles calumnias.

Las razones

En su carta a los magistrados del TSB, el expresidente cita entre otras estas razones.

“Como tuve ocasión de explicarlo a la señora Juez, en mí declaración en juicio, el apego a la verdad ha sido una constante en mí vida pública y su búsqueda ha sido mípropósito incesante, tras ser por años el receptor de las más viles calumnias”.

Aseguró que “a pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mí libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad.

Servir a Colombia ha sido el máximo honor que ha recibido en mí vida, dijo. "La confianza depositada en mí, por la patria y mis compatriotas, me impone, en esta encrucijada, dar ejemplo y optar por el camino que, por más difícil o riesgoso, es correcto y coherente con lo que he defendido a lo largo de mi vida; la verdad”.

Adicionalmente, dijo “a lo largo de este proceso me he aferrado a la garantía más básica que asiste a todos los ciudadanos, el derecho a ser oído. En desarrollo de esta premisa fundamental, no sólo renuncié a mi derecho a guardar silencio, sino que procuré, por conducto de mis abogados, acompañar al juicio nutrida prueba, testimonial y documental. De ello da cuenta el hecho de que fueron aproximadamente setenta (70) sesiones de audiencia en donde se recogió toda la práctica probatoria”.

Estimó que ese derecho a ser oído no fue respetado materialmente por la primera instancia. Eso se aprecia en el fallo que, a pesar de extenso, echó de menos la valoración de gran parte de los hechos probados en juicio.

“En ese sentido, sería hipócrita de mi parte reclamar mí derecho a ser escuchado, en procura de la verdad, y pretender que ello se realice por la Sala de forma real y adecuada, en un término bastante inferior a aquel que se requiere sólo para tener la oportunidad de escuchar todas las audiencias, revisar los alegatos de conclusión¹, estudiar el fallo de primera instancia y cotejar, uno a uno, los errores atribuidos al fallo en tres impugnaciones³, contrastándolos con los alegatos de los no recurrentes”, finaliza la carta.