La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes dio visto bueno al proyecto de ley que busca establecer la capacitación obligatoria en violencias contra las mujeres y enfoque de género a los servidores públicos, particulares que desempeñen funciones públicas y contratistas de entidades públicas involucrados en la prevención y atención de estas violencias.
 

La ‘Ley de Atención sin Revictimización’, de autoría de la representante Catherine Juvinao y el representante Juan Carlos Wills, y con ponencia de la representante Alexandra Vásquez, contó con votación unánime en su primer debate.
 

“Este es un proyecto que resume la voz de muchas mujeres que han sido víctimas de violencia, principalmente intrafamiliar. De esta violencia que vuelven y realizan las instituciones al revictimizarlas. Muchas mujeres que buscan protección son revictimizadas por las instituciones encargadas de atenderlas”, sostuvo Vásquez.

En el mismo sentido, recordó datos importantes como que 1 de cada 3 mujeres víctimas de feminicidio había solicitado protección antes de ser asesinada, que solo el 18 % de los jueces de familia están capacitados en enfoque diferencial y de género, que las entidades clave no cuentan con áreas especializadas en atención a mujeres víctimas y que muchas comisarías de Familia carecen de equipos interdisciplinarios y espacios adecuados para la atención.

“Las capacitaciones serán jornadas periódicas orientadas a reforzar y complementar la capacidad profesional y técnica de atención integral y los procesos de formación serán en conjunto de actividades permanentes encaminadas a facilitar el desarrollo integral de los sujetos cuya finalidad es potencializar actitudes, habilidades y conductas en sus dimensiones social, conceptual y comunicativa en lo referente con el enfoque de género y la atención integral a las mujeres víctimas de violencias”, agregó la ponente.

La dependencia encargada será el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, o la entidad que haga sus veces, quien coordinará el contenido y metodología de las capacitaciones. Al final del año, las entidades remitirán un informe al Ministerio de la Igualdad y este publicará un informe general en el Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género, SIVIGE.

La representante Vásquez recordó que los funcionarios que incumplan, estarán sujetos a sanciones disciplinarias conforme a lo dispuesto en los artículos 47 y 67 de la Ley 1952 de 2019. Asimismo, los contratistas deberán incluir cláusulas que los obliguen a participar.

“La Procuraduría General de la Nación deberá hacer seguimiento al cumplimiento obligatorio de las capacitaciones y procesos de formación por parte de las entidades públicas”, concluyó.