No se trata de opiniones aisladas ni de interpretaciones sacadas de contexto: hoy circulan ampliamente en material audiovisual que deja en evidencia un discurso reiterado, preocupante y profundamente regresivo.

Aquí no estamos frente a un debate democrático sobre ideas, planes de gobierno o resultados de gestión. Lo que se ha instalado es algo distinto: una narrativa orientada a deslegitimar un liderazgo mediante ataques personales. Y eso, en política, no es un detalle menor. Es una estrategia.

Cuando se afirma que una mujer “no tenía nada”, que “estaba en otra cosa” o que “alguien la llevó al poder”, no se está ejerciendo la crítica: se está construyendo una idea peligrosa. Se busca sembrar la percepción de que el mérito femenino es inexistente, que el liderazgo de una mujer es prestado y que su autonomía es, en el mejor de los casos, cuestionable. En otras palabras, se está promoviendo violencia política de género.

Este tipo de violencia no siempre grita; muchas veces se disfraza de opinión, de comentario suelto, de “análisis” político. Pero su efecto es claro: desdibuja trayectorias, cuestiona capacidades, atribuye los logros a terceros y castiga la independencia como si fuera una falta. Cuando ese patrón se repite, deja de ser casualidad y se convierte en método.

Más grave aún es el tono que han tomado algunas de estas declaraciones. El uso de metáforas cargadas de odio, como llamar a alguien “Judas” y recordar que estos “terminan ahorcados”, no solo es irresponsable: es peligroso. En un país que aún lucha por consolidar la paz y superar décadas de violencia, ese tipo de lenguaje no puede normalizarse bajo ninguna circunstancia.

La crítica a la gestión pública es un pilar fundamental de la democracia. Es necesaria, legítima y saludable. Pero hay una línea que no puede cruzarse: la del ataque personal basado en prejuicios de género. Porque cuando eso ocurre, ya no estamos ante un ejercicio democrático, sino ante una forma de violencia que afecta no solo a quien la recibe, sino a todas las mujeres que aspiran a ejercer el poder.

Conviene recordar algo esencial: el mandato de la alcaldesa Johana Aranda no proviene de relaciones personales ni de favores políticos. Proviene del voto ciudadano. De la confianza de miles de ibaguereños que decidieron respaldar un proyecto y un liderazgo. Ejercer ese mandato con independencia no es una traición; es, precisamente, su deber.

A quienes creen que este tipo de ataques logran desviar el rumbo de una administración, vale decirles algo con claridad: están equivocados. La ciudad sigue avanzando. Las decisiones se siguen tomando. Y los resultados, que son los que realmente importan, siguen hablándole a la ciudadanía.

La legitimidad no se hereda, no se concede y no se negocia. Se construye todos los días, con trabajo, con carácter y con resultados.

Defender el derecho de las mujeres a ejercer el poder con autonomía no es un gesto simbólico: es una obligación democrática. Y en esa defensa no puede haber matices.

Porque la violencia política de género, por más que algunos intenten disfrazarla, no es opinión.

Por: Alba Esther Ramírez