La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, volvió a encender las alarmas sobre la situación de orden público en varias zonas del departamento al denunciar que grupos disidentes continúan realizando procesos de carnetización de ciudadanos, una práctica que calificó como una nueva expresión de la violencia y del control social ejercido por estructuras al margen de la ley.

La mandataria aseguró que esta situación viene siendo denunciada por la Administración Departamental desde el año 2024 y advirtió que hace parte de lo que denominó una “mutación de la violencia” en el territorio tolimense.

“Venimos denunciando desde el año 2024 que se está realizando carnetización. Aquí es muy importante decir algo, y es la mutación de la violencia que existe hoy en nuestro territorio. Ya esa mutación se presenta porque no hay enfrentamientos, como tal, entre la Fuerza Pública y grupos de disidencias de las FARC, sino que aquí hay una coerción social”, afirmó.

Según explicó Matiz, estas organizaciones ilegales han cambiado sus métodos de actuación y ahora buscan ejercer presión sobre las comunidades mediante citaciones, controles y mecanismos de intimidación que afectan directamente a la población civil.

“Realizan citaciones, realizan carnetización a las personas de la comunidad. Esto lo venimos denunciando desde el año 2024 y mañana, en la Mesa de Seguimiento Electoral, vamos a exponer este y otros casos que nos ha reportado la comunidad en diferentes puntos del departamento”, señaló.

La gobernadora indicó que estas situaciones se estarían presentando principalmente en municipios del sur, suroriente y oriente del Tolima, regiones donde las autoridades han identificado nuevas dinámicas de presencia de grupos armados ilegales.

Asimismo, explicó que actualmente no se observan grandes estructuras armadas ejerciendo control territorial de manera visible, sino pequeños grupos que mantienen influencia sobre determinadas zonas mediante acciones de presión social y amedrentamiento.

Frente a este panorama y a la proximidad de la segunda vuelta presidencial, Matiz insistió en la necesidad de reforzar la presencia de la Fuerza Pública en las vías y municipios priorizados para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la transparencia del proceso electoral.

“Tenemos que estar muy preparados y tomar todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio libre del derecho al voto y blindar el proceso electoral”, concluyó la mandataria departamental.

Las declaraciones serán presentadas ante la Mesa de Seguimiento Electoral, donde la Gobernación espera exponer las denuncias recibidas por las comunidades y coordinar acciones con las autoridades para prevenir cualquier afectación al desarrollo de las elecciones en el departamento.