Desde su llegada a Ibagué en septiembre de 2025, IGNIKO S.A.S. E.S.P. ha estado en el ojo del huracán. La empresa irrumpió en un mercado históricamente dominado por otros operadores y rápidamente quedó envuelta en controversias relacionadas con el traslado de usuarios, su capacidad operativa y las condiciones de competencia en la prestación del servicio de aseo.

Parte de la discusión surgió luego de que varios usuarios dejaran al operador tradicional y migraran hacia la nueva empresa mediante la figura del silencio administrativo positivo, un mecanismo legal que opera cuando una entidad pública no responde a una petición, recurso o reclamo dentro del plazo establecido por la ley. La situación derivó en disputas entre prestadores y terminó llegando a instancias judiciales. Según ha trascendido, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Ibagué ratificó la legalidad de la operación de IGNIKO y ordenó condiciones de coexistencia entre los operadores para garantizar la continuidad del servicio.

En medio de ese panorama, la concejal Silvia Cristina Ortiz Agudelo citó para este viernes un debate de control especial en el que se revisarán aspectos relacionados con la operación de la empresa. La discusión ha despertado expectativa debido a que para algunos sectores el análisis debe centrarse en la calidad del servicio, mientras que otros consideran que el trasfondo está relacionado con la competencia por un mercado que durante años estuvo concentrado en pocos actores.

Uno de los pronunciamientos más recientes fue el de Leandro Vera, exgerente de Ibagué Limpia y exsecretario de Gobierno de la ciudad, quien aseguró que la libre competencia en la prestación del servicio público de aseo está amparada por la legislación colombiana y defendió la llegada de nuevos operadores. Aunque respaldó el debate promovido por la concejal Ortiz, insistió en que el control debe aplicarse bajo las mismas condiciones para todas las empresas que participan en el sector. "Hay que colocar el mismo rasero para hacer las respectivas acciones de control político", afirmó.

Vera también cuestionó que la discusión se concentre exclusivamente en IGNIKO y recordó que otros operadores también deberían ser objeto de revisión. Además, sostuvo que durante los últimos años los usuarios han asumido sobrecostos en la prestación del servicio de aseo, una afirmación que seguramente alimentará el debate político de los próximos días. Según el exfuncionario, si el objetivo es proteger a los ciudadanos, el análisis debe enfocarse en la calidad, eficiencia y costos reales del servicio, sin importar qué empresa lo preste.

Es necesario tener presente que hace unos meses la propia IGNIKO elevó el tono de la discusión al denunciar una presunta campaña de desinformación en su contra y cuestionar declaraciones relacionadas con supuestas medidas cautelares. La empresa insiste en que continuará operando mientras ejerce su defensa jurídica. Con este escenario, el debate del viernes no solo pondrá bajo la lupa la operación de un nuevo prestador, sino que también podría convertirse en una discusión más amplia sobre el futuro de la libre competencia en el servicio de aseo de Ibagué y el papel que deben jugar las autoridades en la vigilancia de todos los operadores.