En Colombia tenemos la extraña capacidad de heredar problemas que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero que terminan convertidos en grandes problemas de enormes dimensiones. El caso de los hipopótamos es, quizás, el ejemplo más insólito y claro.

Todo comenzó con Pablo Escobar, quien en su afán de ostentación decidió importar animales exóticos para su hacienda Nápoles. Entre ellos, cuatro hipopótamos que, en su momento, fueron apenas una curiosidad extravagante. Tras su muerte, lo que era un capricho quedó abandonado a la inercia institucional del Estado colombiano.

Durante años no pasó nada. Y ese “nada” fue, en realidad, el origen del problema. Hoy, varias décadas después, esos cuatro animales se convirtieron en 200 y se proyectan más de 1.000 para 2035. Que se han expandido por la cuenca del río Magdalena y que actualmente es una amenaza ambiental, social y de seguridad.

Se trata de una especie invasora que altera ecosistemas, desplaza fauna nativa y modifica la calidad del agua. Se trata de animales con un comportamiento territorial agresivo, capaces de poner en riesgo a comunidades enteras. Y se trata, sobre todo, de un crecimiento descontrolado que, de no intervenirse, puede convertirse en un problema de proporciones mucho mayores en los próximos años.

Frente a esto, el país se encuentra ante una discusión incómoda, pero inevitable. Por un lado, están quienes defienden la vida animal en cualquier circunstancia y rechazan medidas como la eutanasia. Su argumento es legítimo: no se puede responder a un error humano con la muerte de los animales.

Pero por otro lado, están los hechos. Y los hechos indican que no hacer nada también es una decisión, quizás la peor de todas.

El gobierno de Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa distintas alternativas: la esterilización, el traslado a otros países y, en última instancia, el sacrificio controlado. Ninguna de ellas es perfecta. Todas implican costos, riesgos y controversias.

La esterilización es técnicamente viable, pero lenta y costosa frente a la velocidad de reproducción de la especie. El traslado internacional ha demostrado ser logísticamente complejo y políticamente inviable en muchos casos. Y la eutanasia, aunque efectiva en términos de control poblacional, enfrenta una resistencia emocional que es entendible.

Ahí es donde surge la pregunta de fondo: ¿Qué debe hacer un Estado cuando todas las opciones son difíciles? La respuesta, aunque impopular, es que debe actuar. Porque gobernar no es elegir entre lo bueno y lo malo, sino entre lo necesario y lo irresponsable.

Los hipopótamos no son culpables. Son, en realidad, víctimas de una cadena de decisiones equivocadas: la del narcotráfico que los trajo, la del Estado que los ignoró y la de una sociedad que durante años prefirió verlos como una curiosidad turística.

Sin embargo, reconocer eso no elimina el problema. Lo agrava si se convierte en excusa para la inacción.

Colombia necesita tomar una decisión basada en evidencia científica, con criterios técnicos y con un enfoque responsable frente al ecosistema y las comunidades. Probablemente esa decisión implique una combinación de medidas, incluyendo aquellas que resultan más difíciles de aceptar. Porque al final, la pregunta no es qué nos gustaría hacer.

La pregunta es: frente a los hipopótamos, ¿usted qué haría?