La Defensoría del Pueblo interpuso acción de tutela con el fin de proteger los derechos fundamentales de los internos de la permanente central, cuyo fallo en primera instancia niega el amparo de estos derechos.

Posteriormente se procedió a impugnar este y en segunda instancia se confirma el fallo, considerando que la acción debe de tramitarse no por acción de tutela si no como acción popular por tratarse de la defensa de intereses colectivos de la población reclusa. 

Finalmente, la Defensoría del Pueblo en aras de la protección de los derechos de los internos de la permanente central, solicitó insistencia de revisión de la acción de tutela ante la corte constitucional.