El caso de los cuatro ciudadanos con vínculos en Ibagué, procesados en el Distrito Este de Nueva York por su presunta participación en una red de fraude migratorio, sigue generando reacciones en Colombia. Mientras en Estados Unidos avanzan los cargos por conspiración de fraude electrónico, lavado de dinero y suplantación de funcionarios, desde la capital tolimense las autoridades locales pidieron mayor articulación nacional para rastrear los recursos que habrían sido movidos en la operación.

De acuerdo con la acusación federal radicada en Nueva York, Daniela Alejandra Sánchez Ramírez, Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez, Alexandra Patricia Sánchez Ramírez y Marlyn Yulitza Salazar Pineda habrían operado bajo el nombre de “CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria”, captando víctimas a través de redes sociales y enviando documentación falsificada con supuestos sellos oficiales. La investigación habla de más de 100 mil dólares en transacciones presuntamente fraudulentas.

En medio del revuelo público, donde incluso se les ha vinculado de manera informal con prácticas de “brujería”, el secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, fue enfático en que el eje del proceso está en una modalidad de estafa relacionada con falsas visas y en la posible configuración de lavado de activos.

“Esa modalidad que ellos realizan con las visas es una estafa. Es más delicado el delito de lavado de activos”, afirmó el funcionario, al advertir que este tipo de maniobras no solo afectan a quienes buscan regularizar su situación migratoria, sino que pueden alimentar otras estructuras delictivas si no se logra seguir la ruta del dinero.

Espín explicó que, durante la reciente visita del ministro de Defensa y del director de la Policía Nacional a la ciudad, solicitó acompañamiento del Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y la Superintendencia Financiera para fortalecer la investigación. Según indicó, en este tipo de casos la prioridad es identificar los flujos financieros y, a partir de allí, determinar responsabilidades individuales.

“Debemos generar mecanismos de carácter nacional para poder rastrear estos dineros e identificar a las personas”, sostuvo, al tiempo que subrayó que miles de personas que persiguen el llamado “sueño americano” han perdido importantes sumas de dinero en esquemas similares.

Las autoridades estadounidenses recalcaron que los procesados se presumen inocentes hasta que un juez determine su responsabilidad penal.