La tensión crece en El Guamo por cuenta de la instalación de las tradicionales corralejas, luego de que ciudadanos formaran una cadena humana para impedir que Cortolima desmonte las estructuras del evento. Al lugar llegaron decenas de personas, entre ellos el empresario Manuel “Mané” Bornacelly, organizador del espectáculo, quien asegura que todo está en regla.

Los manifestantes aseguran que la Corporación Autónoma Regional estaría adelantando procedimientos sin sustento legal, ya que, según ellos, aún no hay una orden judicial que respalde el desmonte. Insisten en que esa decisión le corresponde a un juez y que la actuación de Cortolima sería precipitada.

La polémica se remonta al pasado 30 de mayo, cuando Cortolima, con apoyo de la Policía y la Procuraduría, adelantó un operativo en el terreno donde se levantan las gradas. Allí encontraron más de 3.000 piezas de madera que no tenían salvoconducto ni los permisos técnicos exigidos por la normatividad ambiental. Algunas estaban en mal estado y no tenían claro su origen. Durante el procedimiento, varios trabajadores reaccionaron de forma violenta, obligando a suspender la diligencia y quemando parte del material incautado.

A pesar de lo ocurrido, la entidad ambiental abrió un proceso sancionatorio y ordenó una medida preventiva por presunto tráfico ilegal de madera, con base en el Decreto 1076 de 2015 y la Resolución 1909 de 2017.

Días después, el 11 de junio, la Procuraduría Ambiental del Tolima le pidió formalmente a Cortolima suspender la instalación de los palcos, al considerar que el material usado podría estar violando la medida impuesta. El Ministerio Público aseguró que el 80 % de la madera ya había sido utilizada en la estructura, sin que se verificara su legalidad.

Por su parte, el empresario Mané Bornacelly presentó una acción de tutela contra Cortolima, argumentando que cuenta con todos los documentos necesarios para el evento. Según señala, la madera utilizada es de “segunda transformación”, es decir, ya usada, por lo que no requiere salvoconducto. Incluso presentó certificaciones emitidas por la CVS de Córdoba y por un ingeniero forestal. Asegura que la entidad ambiental ha hecho caso omiso a esas pruebas y que las estructuras están listas en un 98 %.

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El conflicto gira en torno a un vacío legal: aunque la madera ya fue usada, su estado actual —con hongos y deterioro, según Cortolima— podría representar un riesgo para el público, y en ese punto chocan los argumentos técnicos con los legales.

Mientras el juez resuelve la tutela, Cortolima analiza si retoma los operativos con apoyo de la Fuerza Pública. La Procuraduría también está a la espera de que se suspendan las obras, no solo en El Guamo, sino también en El Espinal, donde habría estructuras en condiciones similares.

El alcalde de El Guamo, Álvaro Prada, se pronunció brevemente asegurando que la administración está dispuesta a apoyar las actividades tradicionales, pero que todo dependerá de lo que diga la justicia y de las decisiones de la autoridad ambiental.

Por ahora, las corralejas siguen en el limbo, en una puja entre lo legal, lo ambiental y la defensa de las costumbres del pueblo.