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Integrante de la Policía fue capturado por el CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar

Sobre este uniformado recaía una orden de captura por el delito de extorsión agravada, tras exigirle dinero a un comerciante para frenar una supuesta investigación que está cursando en su contra. 
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12 Oct 2019 - 8:07 COT por Ecos del Combeima

Se trata del patrullero activo de la Policía Nacional Jhonatan Andrés Romero Téllez, quien esta semana había llegado trasladado a Ibagué procedente del departamento del Putumayo, luego de iniciarse una investigación disciplinaria en su contra por la comisión de un presunto delito en medio del ejercicio de sus funciones. 

Fue así que el uniformado fue capturado por servidores del CTI componente Gaula Militar Tolima y funcionarios del Gaula del Ejército del Putumayo, acusado por el delito de extorsión agravada que presuntamente ejercería en contra de un comerciante del municipio putumayense de Villa Garzón. 

De acuerdo con las investigaciones, el policial al parecer le exigía al ciudadano una gruesa suma de dinero a cambio de no proceder con una investigación judicial que supuestamente cursaba en su contra.

Vale la pena señalar que el funcionario de 28 años aparentemente le pedía 10 millones de pesos a la víctima, a quien le decía que intercedería por él ante un fiscal para evitar que el proceso continuara y saliera exonerado.

Tras acuerdos con el afectado, el indiciado presuntamente dispuso de una persona para realizar un primer cobro de cinco millones de pesos, de tal forma que el ciudadano que se prestó para esto fue capturado en flagrancia el pasado 18 de septiembre en esa región del país.

Esta redacción conoció que el uniformado se encontraba en las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana de Ibagué en proceso de inducción para asumir sus nuevas funciones, cuando fue requerido por las autoridades que le leyeron sus derechos como persona capturada.

Luego de lograr la legalidad de su captura, la Fiscalía le imputó los cargos mencionados y pidió la medida de aseguramiento en las instalaciones de un centro carcelario, debido a la gravedad de los hechos sumado a que es un funcionario público que pasó por alto su responsabilidad de respetar y defender a la ciudadanía.