Mineros Tolima no logró que Cajamarca conciliara sobre el Acuerdo 005 y se alista una posible batalla judicial
La Administración rechazó la propuesta y la Procuraduría declaró fallida la conciliación. El futuro de la norma podría quedar en manos de la justicia administrativa.
La disputa entre Mineros Tolima S.A.S. y el municipio de Cajamarca por el Acuerdo Municipal 005 de 2026 escaló a un nuevo escenario. El pasado 8 de octubre, la Procuraduría General de la Nación declaró fallida la audiencia de conciliación extrajudicial, luego de que la Administración Municipal rechazara por unanimidad la propuesta de la compañía minera. El trámite buscaba un acuerdo antes de una eventual demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
El conflicto gira alrededor del Acuerdo 005, aprobado el 28 de febrero de 2026 por el Concejo Municipal de Cajamarca. La norma declaró de utilidad pública e interés social 33 predios, que suman aproximadamente 5.800 hectáreas, con el propósito de proteger áreas bajo criterios ecológicos, hídricos y de conservación. Según el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime, la iniciativa surgió de un proceso de participación popular que reunió el respaldo de 4.400 habitantes. Los terrenos, de acuerdo con el comunicado del comité, continúan en manos de sus actuales propietarios.
La empresa busca la nulidad y posibles indemnizaciones
En la audiencia, Mineros Tolima S.A.S. se ratificó en sus pretensiones. Solicitó que se declare la nulidad del Acuerdo 005 y que, como consecuencia, se ordene al municipio pagar las compensaciones, indemnizaciones y reparaciones que correspondan por las restricciones que, según la compañía, la norma impuso sobre sus predios. También pidió el reconocimiento de las costas del eventual proceso judicial.
La fórmula de conciliación propuesta por la empresa consistía en que el municipio aceptara la nulidad del acuerdo. Sin embargo, el Comité de Conciliación de la Administración Municipal rechazó esa posibilidad durante una sesión realizada el 6 de octubre. Entre sus argumentos, sostuvo que el acuerdo tiene una naturaleza predominantemente general, cuenta con fundamentos ambientales y territoriales previos y cumplió las etapas de participación ciudadana y el trámite institucional correspondiente.
La representación del municipio también señaló que la administración no tiene competencia para declarar la nulidad de un acuerdo municipal. Según su posición, esa decisión corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por ello, consideró que las diferencias jurídicas planteadas por Mineros Tolima deben resolverse ante los jueces y no mediante la fórmula conciliatoria propuesta.
La Procuraduría cerró la conciliación, pero no resolvió la legalidad del acuerdo
Ante la falta de un acuerdo entre las partes, la procuradora 56 Judicial II para la Conciliación Administrativa, Mayra Alejandra Mendoza Guzmán, declaró fallida la audiencia y dio por terminada la etapa extrajudicial. La decisión quedó en firme y se ordenó expedir la constancia correspondiente para que la compañía pueda acudir a la jurisdicción, si cumple los demás requisitos legales.
Este resultado no significa que Mineros Tolima haya perdido una demanda judicial, pues en esta etapa no se profirió una sentencia sobre la legalidad del Acuerdo 005. Tampoco implica que un juez haya confirmado definitivamente la validez de la norma. Lo que ocurrió fue que las partes no alcanzaron una salida negociada y quedó abierta la posibilidad de una controversia judicial.
Mientras no exista una decisión judicial o una modificación válida por los mecanismos legales correspondientes, el acuerdo conserva su presunción de legalidad y continúa vigente, de acuerdo con lo expuesto por la Administración Municipal.
El movimiento ambiental habla de una primera derrota de la minera
Tras conocerse el resultado, el Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca y Anaime publicó un comunicado este 13 de octubre, en el que calificó el desenlace como la primera derrota de Mineros en Cajamarca desde la adquisición de los activos relacionados con AngloGold y el proyecto La Colosa.
La organización ambiental pidió a la Alcaldía defender el Acuerdo 005 con la misma firmeza que, según señaló, demostró durante la audiencia. También instó al Concejo Municipal a mantener su respaldo a la población campesina que se opone a la minería en el territorio.
No obstante, el comunicado plantea una afirmación que debe distinguirse del resultado documentado: que la minera sufrió una derrota en esta etapa es una interpretación del comité ambiental, no una conclusión judicial. La conciliación fallida impidió un acuerdo, pero no resolvió el litigio de fondo.
¿Qué pasa con el plazo para demandar?
El comunicado del comité sostiene que este 13 de octubre vence el plazo que tendría Mineros Tolima para presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio. Sin embargo, el acta de conciliación acredita las fechas del trámite, pero no establece por sí sola que ese sea el último día para demandar.
La fecha límite debe verificarse con la fecha de publicación, comunicación o notificación del acto cuestionado, la naturaleza de las pretensiones y las reglas legales aplicables a la caducidad del medio de control. La presentación de una solicitud de conciliación puede tener efectos sobre el cómputo del término, bajo las condiciones previstas en la ley. Por eso, sin revisar esos elementos, no es posible confirmar de manera independiente que el plazo venza exactamente este 13 de octubre.
Si la empresa presenta la demanda y esta es admitida, corresponderá al juez competente estudiar los argumentos de las partes y determinar si el Acuerdo 005 se ajusta al ordenamiento jurídico. Hasta entonces, la controversia seguirá abierta y Cajamarca afrontará un nuevo capítulo en el debate sobre la protección ambiental, la propiedad de la tierra y el futuro de la actividad minera en su territorio.
Por ahora, el resultado concreto es uno: Cajamarca rechazó la fórmula de conciliación propuesta por Mineros Tolima y el conflicto quedó sin una solución extrajudicial. La próxima decisión dependerá de si la compañía acude a los tribunales y de lo que determine la justicia.