Nuevos interrogantes sobre la propiedad del terreno donde opera el relleno sanitario de Natagaima motivaron a la senadora Laura Ahumada y al representante a la Cámara Marco Hincapié a anunciar nuevas acciones de control político y solicitudes de investigación ante los organismos competentes.

La controversia gira en torno a la titularidad del predio y la destinación de recursos públicos en la infraestructura operada por una empresa privada. Según los congresistas, las explicaciones entregadas por José Rodrigo Herrera, gerente de la Empresa Departamental de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima (EDAT), no han despejado las dudas sobre la propiedad del terreno.

De acuerdo con los documentos citados por los parlamentarios, la matrícula inmobiliaria 368-40448 identifica como propietario a un particular. Además, sostienen que ni el estudio técnico de la Alcaldía de Natagaima ni el acta de entrega de la infraestructura al operador incluyen el lote de ocho hectáreas al que habría hecho referencia el gerente de la EDAT, presuntamente entregado mediante una permuta en 2011.

Sin embargo, la Empresa de Servicios Públicos de Natagaima (ESPUNAT) señala que el contrato de operación se desarrolla en un predio de 10 hectáreas y 4.350 metros cuadrados, cuya propiedad atribuye al municipio, aunque, según los congresistas, el documento no especifica la matrícula inmobiliaria correspondiente.

Esta diferencia entre las áreas y los documentos relacionados con los terrenos es uno de los puntos que los legisladores buscan esclarecer, especialmente frente a las inversiones públicas realizadas en el relleno sanitario.

¿Qué pasó con la permuta de terrenos?

Otro de los aspectos que será objeto de revisión es el intercambio de predios que se habría formalizado en abril de 2011. Según los certificados de tradición mencionados por los congresistas, el municipio habría entregado un terreno de 10 hectáreas y 4.350 metros cuadrados y recibido a cambio otro de ocho hectáreas.

Ante esta diferencia, Ahumada y Hincapié solicitarán establecer si se realizaron avalúos de ambos inmuebles, cuáles fueron los criterios técnicos y económicos utilizados para concretar la operación y qué funcionarios participaron en su autorización.

También cuestionaron las condiciones en las que se otorgó la licencia ambiental por parte de CORTOLIMA, mediante la Resolución 4462 del 7 de diciembre de 2010. Según los registros inmobiliarios consultados por los congresistas, el terreno objeto de las dudas figuraba a nombre de un particular cuando se expidió la autorización, mientras que la permuta municipal se habría formalizado meses después.

Solicitarán intervención de los organismos de control

Como parte de las nuevas acciones, los congresistas anunciaron que solicitarán a la Contraloría revisar la permuta de 2011 y las inversiones de recursos públicos en el relleno sanitario.

A la Procuraduría pedirán examinar la licencia ambiental, el contrato de operación y el saneamiento jurídico del predio. Entretanto, solicitarán a CORTOLIMA verificar en terreno la capacidad real del relleno y establecer si las obras ejecutadas corresponden al área autorizada.

Los parlamentarios también advirtieron sobre la situación del servicio de disposición de residuos sólidos, al señalar que persiste el riesgo de que el relleno sanitario deje de recibir basuras en los próximos meses, lo que podría afectar a cerca de 10 municipios.

Por ahora, las dudas sobre la titularidad del terreno, la permuta y las condiciones de operación están a la espera de aclaraciones por parte de las entidades involucradas y de las verificaciones que adelanten los organismos competentes.