¿Por qué una dependencia asesora terminó manejando obras por más de $72.000 millones en Ibagué?
Una creciente controversia rodea la ejecución de varios de los proyectos de infraestructura de Ibagué. El debate ya no gira únicamente alrededor de los avances físicos de las obras, sino sobre la dependencia encargada de administrarlas y supervisarlas.
Las preguntas surgen luego de que la veeduría Veemovil y sectores de la opinión pública comenzaran a cuestionar el papel que actualmente desempeña la Gerencia de Proyectos Estratégicos dentro de la Administración Municipal.
Según el manual de funciones de la Alcaldía de Ibagué, esta dependencia fue creada para articular y coordinar acciones entre diferentes entidades y dependencias del municipio alrededor de proyectos considerados estratégicos. Su función principal es asesorar al despacho de la alcaldesa, pero no cuenta con direcciones técnicas, dependencias operativas ni personal especializado para la ejecución de obras civiles.
Pese a ello, la administración de Johana Aranda le delegó la ordenación del gasto y el manejo de algunos de los proyectos más costosos que actualmente se ejecutan en la ciudad.
Entre ellos aparecen las obras del barrio El Salado, cuya inversión supera los $35.000 millones, así como la construcción de la nueva calle 103, un proyecto cercano a los $37.000 millones. En conjunto, ambas iniciativas superan los $72.000 millones de pesos en recursos públicos.
La situación ha generado interrogantes sobre los criterios utilizados para asignar estas obras a una dependencia de carácter asesor y no a la Secretaría de Infraestructura, dependencia que históricamente ha liderado este tipo de proyectos dentro de la administración municipal.
Veeduría cuestiona la naturaleza "estratégica" de las obras:
Uno de los cuestionamientos más recientes fue planteado por Rubén Darío Calderón, presidente de la veeduría Veemóvil, quien aseguró que incluso resulta discutible que proyectos de pavimentación sean considerados estratégicos para justificar su traslado a dicha gerencia.
"Hay unas delegaciones específicas por parte de la alcaldesa donde la ingeniera Erika Palma, gerente de proyectos estratégicos, en este momento está fungiendo como supervisora en estos proyectos de pavimentación, que a toda luz nosotros como veeduría también decimos que no tienen nada de estratégicos porque pavimentar una vía no tiene nada de estratégico", afirmó.
Calderón señaló que la funcionaria aparece vinculada a la supervisión de proyectos como la calle 103, la vía hacia el aeropuerto Perales y el corredor norte, obras que actualmente concentran una parte importante de la inversión pública municipal.
Para la veeduría, la acumulación de responsabilidades estaría generando dificultades en el acceso a la información pública relacionada con los contratos.
"Pareciera que está empezando a pasarle factura porque hay multiplicidad de funciones y no entrega la información que oficialmente las veedurías estamos solicitando", agregó.
Según explicó, una solicitud radicada el pasado 15 de mayo fue respondida casi al vencimiento del plazo legal, argumentando que la información solicitada no se puede dar debido a la necesidad de coordinar con otras dependencias y contratistas.
Los cuestionamientos aumentaron tras conocerse actos administrativos publicados en la plataforma SECOP que evidenciarían modificaciones en los esquemas de supervisión de algunos contratos. De acuerdo con la información conocida por la veeduría, Erika Palma, además de actuar como ordenadora del gasto delegada para estos proyectos, también habría asumido inicialmente funciones de supervisión.
¿Extralimitación de funciones?
Más allá de las discusiones políticas, expertos consultados por diferentes sectores han advertido que el verdadero debate podría estar en la competencia funcional de la dependencia.
Expertos consultados han afirmado que la Gerencia de Asuntos Estratégicos no debería tener a su cargo la ejecución o supervisión de ninguna obra, ya que esto generaría una extralimitación de las funciones, lo que podría traer consecuencias disciplinarias tanto a Erika Palma como a la alcaldesa Johana Aranda por haber delegado la ordenación del gasto y supervisión técnica a una dependencia que tiene funciones asesoras y no tiene ni la competencia jurídica ni la capacidad técnica para asumirla.
Las preguntas siguen abiertas
La controversia también ha alimentado especulaciones políticas dentro de la administración municipal. Algunas fuentes cercanas al gobierno local han planteado hipótesis sobre las razones por las cuales estas obras fueron retiradas de la órbita de la Secretaría de Infraestructura, aunque hasta el momento no existen pronunciamientos oficiales que confirmen dichas versiones.
Mientras avanzan las obras de El Salado, la calle 103 y el corredor norte, el debate continúa creciendo alrededor de una pregunta fundamental:
¿Qué criterio utilizó la Alcaldía de Ibagué para considerar estas obras como proyectos estratégicos y entregarlas a una dependencia creada para asesorar y coordinar, y no a la Secretaría de Infraestructura, que cuenta con la estructura técnica para ejecutar este tipo de proyectos?
Por ahora, esa es una respuesta que siguen esperando la veeduría, distintos sectores de la opinión pública y desde luego, los ciudadanos de Ibagué.
