La representante a la Cámara Martha Alfonso aseguró que la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud de intervenir la Unidad de Salud de Ibagué (USI) responde a múltiples requerimientos incumplidos y a un manejo ineficiente dentro de la entidad.

“Se han hecho varios requerimientos no cumplidos, (…) hay una evaluación o una valoración del trabajo de la USI muy ineficiente”, afirmó.

Según explicó, la entidad tiene cerca de 1.300 contratistas y “el 70% son de carácter administrativo en una entidad que presta servicios de salud, lo cual muestra que posiblemente la USI se ha convertido en un fortín para la contratación clientelar y politiquera”.

Para la congresista, si estas motivaciones están soportadas, “la Superintendencia tiene que actuar, la salud es sagrada”.

Alfonso indicó que, aunque los estados financieros mostraban una leve mejoría a corte de septiembre, la intervención se soporta en fallas más profundas que las contables.

También indicó que la entidad incumplía estándares de calidad y presentaba “problemas de habilitación”.

Expectativas sobre la nueva interventora

La llegada de Edilma Isabel Hurtado como agente especial interventora también fue mencionada por la congresista, quien destacó su perfil técnico.

“Esperamos que la doctora Edilma (…) tenga un trabajo ejemplar que libre a la USI de la politiquería, de la politización”, expresó, y agregó que la profesional “tiene que estar blindada de politiquería y de corrupción”.

Alfonso también respondió a la inquietud sobre el superintendente Bernardo Camacho y su paso por la Nueva EPS, principal deudora de la USI.

“Quien tiene esa deuda es la Nueva EPS, no Bernardo Camacho”, enfatizó. Señaló que la EPS dejó un “desorden monumental”, con “más de $5 billones de facturas ocultas”, lo que explica la crisis extendida en varios hospitales del país.