La historia política no contada de las cámaras de seguridad en Ibagué
Felipe ‘Pipe’ Ferro sería el protagonista de un capítulo poco contado en la historia de las cámaras de seguridad de Ibagué, muchas de las cuales se encuentran hoy en mal estado.
Aunque estaba en marcha un proceso para intervenir estos equipos, decisiones de tipo político habrían provocado un giro inesperado en la estrategia de modernización.
Actualmente, la ciudad cuenta con más de 500 cámaras de seguridad. De ellas, cerca de 293 fueron instaladas y contratadas durante la administración del exgobernador Ricardo Orozco, a las que se suman unas 200 adicionales y alrededor de 60 que datan de 2016.
El problema radica en que una parte considerable del sistema está deteriorado y requiere mantenimiento urgente.
Por esa razón, el exsecretario de Gobierno Leandro Vera, quien dejó el cargo hace pocas semanas, impulsó un convenio interadministrativo con la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU) de Medellín, reconocida a nivel nacional en este campo.
El proyecto contemplaba:
- Mantenimiento de 493 cámaras por $1.200 millones
- Instalación de 300 nuevas cámaras por $2.700 millones
- Integración con la sala SIES (Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad) por $1.100 millones
En total, una inversión de más de $5.000 millones para fortalecer la seguridad en la ciudad.
Sin embargo, lo que debía ser una solución técnica terminó detenido por temas políticas.
Una fractura entre la alcaldesa Johana Aranda y su mentor político, el exalcalde Andrés Hurtado, desató una crisis interna que llevó a la salida de varios funcionarios. Entre ellos, Leandro Vera, quien fue trasladado a la Secretaría de Desarrollo Social.
Ecos del Combeima reveló que ese movimiento de fichas se dio en medio de una estrategia de Aranda para recomponer su relación con el partido Centro Democrático.
Inicialmente, el cargo de secretario de Gobierno habría sido ofrecido al representante Carlos Edward Osorio. Sin embargo, fue el diputado uribista Felipe Ferro quien habría puesto finalmente a Francisco Espín para el cargo.
Según fuentes consultadas, entre las condiciones que puso Ferro estaba frenar algunas contrataciones impulsadas por Vera. Entre ellas, el convenio con la ESU para intervenir el sistema de cámaras.
Así las cosas, el proceso quedó en pausa y la solución que esperaba mejorar la vigilancia en la ciudad tendrá que esperar.
Todo indica que ya no se firmará un convenio interadministrativo, sino que se abriría un proceso licitatorio.
