Por estos días, el doloroso eco del llamado #MeToo en Colombia ha puesto en la conversación pública algo incómodo pero necesario: los temas de acoso sexual que parecieran haber estado normalizados durante décadas. No es para menos: dos de los presentadores más vistos en uno de los dos canales de televisión con mayor audiencia en Colombia fueron acusados de acosar sexualmente a sus compañeras y subordinadas, y pareciera que, con el despido de los mismos de sus trabajos y la presión de las redes sociales, el país está empezando a escuchar a sus mujeres e incluso a algunos hombres; no porque antes no hablaran, sino porque durante mucho tiempo se les enseñó equivocadamente que denunciar solamente traería más problemas y que lo mejor era quedarse callados. Es decir, tragarse el dolor por dentro.

El fenómeno del #MeToo colombiano no es una tendencia más de las redes sociales, a pesar de que ese sea su origen, luego de unas denuncias de violencia sexual en 2017 en Estados Unidos. Es la acumulación de historias que encontraron el momento oportuno y el canal adecuado para salir a la luz pública. Desde universidades, como se refleja en la ficción por estos días con contenidos televisivos como “Las de siempre”, hasta medios de comunicación, pasando por la política y la empresa privada, los relatos coinciden en un patrón preocupante: el abuso de poder, el silencio institucional y la revictimización.

Es muy triste que, aunque hoy existan más denuncias, no haya la misma proporción de justicia, pues el país se acostumbró a la indignación digital, a los nombres que circulan —algunos de ellos de manera injusta (también hay que decirlo)—, a testimonios que conmueven, a debates encendidos y luego al olvido cuando aparece un nuevo tema o motivo para indignarse. En muchos casos, las investigaciones no avanzan con la celeridad ni el rigor que se esperaría, justamente porque los acusados tienen largos tentáculos en el poder. También se da que las denunciantes se convierten en denunciadas, como ocurrió por estos días con la mujer que denunció al todopoderoso de los medios públicos del país, Hollman Morris.

Esta situación plantea también otro tipo de problemáticas y tensiones que hay que resolver. Por ejemplo: ¿cómo equilibrar el derecho a la denuncia con las garantías del debido proceso? Aquella también es una discusión válida que debería darse al tiempo que debatimos sobre la ausencia de justicia. Y es que una acusación injusta, a través del popular “escrache”, también termina lacerando la credibilidad de quienes denuncian y, desde luego, el buen nombre y la dignidad de quienes son señalados como abusadores sin serlo.

Sería injusto no reconocer los avances. Hoy hay más conversación sobre el tema, más conciencia y, sobre todo, más solidaridad entre mujeres. Las redes sociales, aun con todos sus riesgos, han permitido tejer una red de apoyo que antes no existía y eso, en un país donde la violencia de género sigue siendo una realidad estructural, ya es un cambio significativo.

Uno de los retos más importantes ahora es no quedarnos en la catarsis colectiva. El #MeToo colombiano necesita traducirse en reformas concretas, protocolos claros en las instituciones, rutas de atención efectivas, educación con enfoque de género y, sobre todo, una justicia que funcione, pues sin consecuencias reales, la denuncia se convierte en un acto simbólico, mas no en algo que verdaderamente cambie.

Este fenómeno no debería tratarse solamente de exponer presuntos agresores, sino de cuestionar esa cultura que normalizó el abuso, que minimizó el acoso y que responsabilizó a las víctimas y, desde luego, de hacer justicia en el marco de un proceso jurídico y no en los medios de comunicación y las redes sociales. Cambiar eso no será rápido ni sencillo, pero hay que hacerlo.

Por ejemplo, a mí sí me gustaría que tanto la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, como la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, así como todos aquellos y aquellas que dirigen corporaciones, entidades, instituciones e incluso los medios de comunicación locales, preguntaran públicamente a sus funcionarias y trabajadoras si conocen de algún caso de acoso al interior de sus gobiernos e instituciones y pusieran a disposición un canal para denuncias anónimas. Probablemente nos sorprenderíamos negativamente.