Ataque con granada contra la Fuerza Pública en Caquetá manchó las elecciones presidenciales
Un hecho de orden público se registró durante la jornada de elecciones presidenciales de este domingo en el departamento de Caquetá, donde un hombre que se movilizaba en motocicleta lanzó una granada contra integrantes de la Fuerza Pública en una vereda del municipio de El Paujil.
La información fue confirmada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante un balance nacional sobre las condiciones de seguridad en medio de los comicios que se desarrollan en todo el país.
Según explicó el funcionario, el ataque no dejó personas heridas ni provocó alteraciones en el sistema electoral. “En una vereda del municipio de El Paujil, Caquetá, un individuo que iba en una moto arrojó una granada contra la Fuerza Pública. No hay ninguna afectación a miembros de la Fuerza Pública, tampoco hay ninguna alteración en el sistema electoral, pero sí nos muestra que tenemos que estar muy alertas”, señaló.
Las autoridades precisaron que la infraestructura destinada al proceso electoral no sufrió daños y que los puestos de votación continuaron operando con total normalidad. Asimismo, se confirmó que la logística electoral y la participación de los ciudadanos en la zona no resultaron afectadas por el incidente.
El ataque ocurrió mientras el Gobierno nacional, la Registraduría Nacional y las Fuerzas Militares mantienen un monitoreo permanente de la seguridad en todo el territorio colombiano. Desde las primeras horas de la mañana se activaron mecanismos de seguimiento para responder de manera inmediata ante cualquier situación que pudiera comprometer la transparencia o el normal desarrollo de la jornada democrática.
Aunque la mayoría del país reporta normalidad durante las elecciones, las autoridades mantienen vigilancia especial en regiones donde históricamente se han presentado riesgos de seguridad por la presencia de grupos armados ilegales.
Tras lo sucedido en El Paujil, el ministro Sánchez reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad sospechosa o hecho que pueda poner en riesgo el proceso electoral. Recordó además que la línea 157 permanece habilitada para recibir información relacionada con posibles atentados, amenazas o delitos electorales.
El Gobierno nacional también mantiene vigentes recompensas de hasta 200 millones de pesos por información que permita prevenir actos terroristas, de hasta 50 millones de pesos por denuncias relacionadas con compra de votos y otros delitos electorales, y de hasta 1.000 millones de pesos por datos que contribuyan a evitar ataques contra candidatos o actores del proceso democrático.
Las autoridades continúan desplegadas en todo el país con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y asegurar que la jornada electoral concluya sin mayores contratiempos.