Pacientes Colombia, manifestó su preocupación por la situación revelada por la Contraloría General de la República, en la que se advierten presuntas irregularidades administrativas y financieras en el manejo de Nueva EPS, entidad bajo intervención del Gobierno desde abril de 2024, que tiene en este momento más de 11.5 millones de afiliados.  
El reporte es producto del operativo realizado por la Contraloría con el fin de recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera de Nueva EPS, la cual no se encontraba disponible en los sistemas de la Superintendencia Nacional de Salud desde hace tres años. Esta carencia de información, sumada a la ausencia de estados financieros certificados y dictaminados, pone en evidencia serias deficiencias en materia de transparencia y en la solidez de los sistemas de información. Cifras que además afectan decisiones globales sobre el financiamiento del sector como definición de la UPC, porque no se cuentan con datos claros del 25 % de la población.

La advertencia de la Contraloría es contundente: se identificaron presuntas irregularidades en el manejo financiero de la entidad. Entre ellas, el incremento desproporcionado de anticipos, que pasaron de $3,4 billones a $8,6 billones; el represamiento de facturas sin auditar; el crecimiento de cuentas por procesar que ya superan los $13,2 billones; así como serias falencias en la contratación de prestadores y deficiencias en la constitución de reservas técnicas. Estos hallazgos reflejan un deterioro progresivo de la gestión administrativa y financiera de Nueva EPS, que amenaza directamente la estabilidad del sistema y el acceso de millones de pacientes. 

De igual manera, se identificó que las cuentas por pagar de Nueva EPS, con corte a marzo de 2025, alcanzan un valor acumulado de $21,37 billones. Este nivel de endeudamiento no solo compromete la sostenibilidad financiera de la entidad, sino también la del Sistema General de Seguridad Social en Salud, considerando que Nueva EPS cubre aproximadamente al 22 % de la población afiliada. Además, resulta alarmante que, pese a encontrarse bajo intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, la entidad continúe evidenciando un deterioro progresivo en sus finanzas y en su capacidad de garantizar la atención de millones de pacientes.

“Resulta indispensable establecer la responsabilidad de la ADRES, que continúa girando dineros sin una auditoría rigurosa, lo cual agrava los riesgos financieros y administrativos. A ello se suma que, durante el periodo de intervención, Nueva EPS ha tenido tres agentes interventores designados, sin que ninguno de ellos haya logrado resultados satisfactorios, lo que evidencia la falta de eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno y la Superintendencia” agregó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.   

A este panorama se suma la crítica situación de la EPS Sanitas, con 5 764 404 afiliados. Si bien se celebra la decisión de devolver el manejo a sus propietarios, los resultados evidenciados tras la intervención resultan alarmantes: la entidad reporta hoy un detrimento patrimonial de $1,7 billones, un incremento superior a 35 puntos porcentuales en las quejas frente al año anterior, mayores niveles de siniestralidad y serias deficiencias en la red de atención. Todo ello ha afectado la disponibilidad de medicamentos, la calidad del servicio, así como la confianza y el acceso a la atención en salud de sus más de 5 millones de afiliados.

En este contexto, resulta evidente que la Superintendencia Nacional de Salud no ha garantizado la eficiencia ni la efectividad de las intervenciones. En lugar de ofrecer soluciones, estas han profundizado la crisis, debilitando la sostenibilidad financiera y afectando la garantía de los derechos en salud. Surge entonces un interrogante central: ¿quién asume la responsabilidad por los resultados fallidos de las intervenciones y por las consecuencias que dejan para los pacientes y usuarios del sistema de salud?

En esa misma línea, respecto al papel de la Supersalud y sus intervenciones, es importante precisar que estas no han buscado generar acuerdos de pago para saldar la deuda pendiente, situación que explica la falta de entrega de medicamentos y el cierre de servicios sanitarios. Por tanto, es necesario cuestionar también, ¿cuál es el objetivo de las intervenciones si no es resolver la crisis que afecta a los pacientes?

En consecuencia, Pacientes Colombia solicita la designación de un superintendente ad hoc, que asuma el liderazgo de las intervenciones con transparencia, rigor y pleno cumplimiento del debido proceso. 

“No aceptamos más dilaciones ni evasivas. Esta crisis exige transparencia, responsabilidad y decisiones inmediatas. Por ello, hacemos un llamado a la Corte Constitucional para que garantice el estricto cumplimiento de sus órdenes en materia de derechos en salud, y exigimos al Gobierno Nacional y a la Superintendencia de Salud respuestas claras y oportunas. Asimismo, solicitamos a la Procuraduría General de la Nación que avance en sus labores de vigilancia e inicie las investigaciones disciplinarias correspondientes contra el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, su antecesora, y el superintendente de Salud, Giovanni Rubiano, en su calidad de responsables directos de la situación”, concluyó Denis Silva.