La conclusión quedó sobre la mesa durante una reunión interinstitucional convocada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Ibagué el pasado 12 de junio, en la que participaron representantes de la Alcaldía, la Gobernación del Tolima, Cortolima y la Personería Municipal. El objetivo era revisar los avances en el cumplimiento del fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Tolima para atender la problemática de movilidad que afecta a las veredas Pico de Oro y El Secreto tras el colapso del puente ocurrido en mayo de 2024.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la jornada fue la ausencia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según explicó el personero delegado Héctor Parra, la entidad fue convocada formalmente, pero no asistió ni presentó respuesta a la invitación. Su participación es considerada fundamental dentro del proceso, ya que el propio fallo judicial la vincula como una de las entidades llamadas a intervenir subsidiariamente en caso de que el municipio no cuente con la capacidad financiera suficiente para desarrollar la obra.

"La idea es golpear la puerta a la Gobernación del Tolima y también a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo", explicó Parra, al señalar que ambas entidades cuentan con una mayor capacidad presupuestal para respaldar un proyecto de esta magnitud.

La mesa de trabajo surge como resultado de la sentencia emitida el 9 de abril de 2026 por el Tribunal Administrativo del Tolima, la cual impartió órdenes específicas al municipio de Ibagué, la Gobernación del Tolima, Cortolima y la UNGRD para buscar una solución definitiva a los problemas de conectividad que enfrentan las veredas del sector. De acuerdo con el personero delegado, la primera orden contemplaba la realización de estudios técnicos y la evaluación de alternativas para garantizar un paso provisional mientras se ejecuta una solución permanente. Ese primer plazo venció el pasado 19 de mayo. Tras revisar los avances, la Personería concluyó que actualmente existe un cumplimiento parcial del fallo.

"No podríamos hablar de un cumplimiento total, tampoco de un incumplimiento total. Hay un cumplimiento parcial", explicó Parra.

Según indicó, ya se adelantaron los estudios requeridos sobre las estructuras existentes y actualmente se analizan medidas para reforzar o reemplazar los pasos provisionales utilizados por la comunidad mientras se concreta la construcción del puente definitivo.

Uno de los principales avances presentados durante la reunión fue la entrega de los estudios y diseños del futuro puente Pico de Oro, una tarea que inicialmente debía cumplirse durante el mes de julio, pero que fue finalizada de manera anticipada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. César Rosa, asesor de despacho de la dependencia, explicó que este paso permite avanzar hacia la etapa más compleja del proyecto, conseguir los recursos.

Los diseños contemplan una estructura completamente nueva y diferente a la que colapsó durante la emergencia de 2024. Según la información socializada en la mesa de trabajo, el puente tendría una longitud y características adaptadas a las condiciones hidráulicas y geográficas del sector. La propuesta incluye un carril vehicular de aproximadamente tres metros de ancho para circulación en ambos sentidos de manera alternada, así como un paso peatonal independiente de cerca de 1,60 metros. La estructura también contempla cimentaciones especiales acordes con las condiciones del terreno y del cauce del río.

Los estudios permitieron establecer un presupuesto preliminar para la ejecución del proyecto. De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el costo estimado de la obra asciende a aproximadamente $4.300 millones. A esta cifra se suman cerca de $370 millones correspondientes a la interventoría, lo que eleva la inversión total a cerca de $4.700 millones. Para las entidades participantes, contar con un valor estimado representa un avance significativo, ya que permite iniciar formalmente la búsqueda de recursos y definir posibles esquemas de financiación. Sin embargo, también deja en evidencia una realidad: el municipio difícilmente podrá asumir por sí solo el costo total de la infraestructura.

La financiación fue el tema central de la mesa de trabajo. Según explicó Héctor Parra, el fallo establece que inicialmente el municipio debe determinar si cuenta o no con la capacidad técnica y financiera para ejecutar la obra. En caso contrario, deberá sustentarlo formalmente para que entren a actuar de manera subsidiaria otras entidades vinculadas al proceso. En ese escenario cobran especial importancia la Gobernación del Tolima y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Durante la reunión, representantes de la Gobernación manifestaron su disposición para revisar posibles mecanismos de apoyo financiero y se comprometieron a analizar alternativas de cofinanciación. Entretanto, la ausencia de la UNGRD dejó abierta una preocupación entre los asistentes, debido al papel que podría desempeñar la entidad nacional en la consecución de recursos. Desde la Secretaría de Agricultura señalaron que las próximas mesas de trabajo estarán enfocadas precisamente en definir una ruta financiera que permita convertir el proyecto en una realidad.

Mientras se define la financiación del puente definitivo, las entidades continúan evaluando alternativas para mejorar las condiciones de movilidad de los habitantes del sector. La Secretaría de Agricultura informó que recientemente realizó visitas técnicas a la zona para revisar las estructuras provisionales utilizadas actualmente por la comunidad, entre ellas un puente artesanal en madera, una garrucha y otros mecanismos de paso improvisados tras la pérdida de la infraestructura principal.

La intención es identificar intervenciones temporales que permitan mejorar la seguridad de los habitantes mientras avanza el proceso de consecución de recursos y construcción de la obra definitiva.

Aunque los estudios y diseños representan uno de los avances más importantes desde el colapso del puente en mayo de 2024, todavía no existe una fecha definida para el inicio de las obras. De acuerdo con la sentencia, las entidades cuentan con un plazo para adelantar las gestiones presupuestales necesarias antes de pasar a la etapa de ejecución. Solo cuando se defina la fuente de financiación será posible establecer cronogramas, procesos contractuales y tiempos de construcción.

Por ahora, las comunidades de Pico de Oro y El Secreto tienen algo que no existía hace algunos meses: un proyecto técnicamente estructurado y una ruta institucional para buscar su financiación. Sin embargo, la pregunta más importante sigue sin respuesta.

Los planos ya están listos. Lo que aún falta es encontrar los recursos que permitan convertirlos en un puente real para las familias que continúan enfrentando dificultades de movilidad en este sector del Cañón del Combeima.