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¿Contrato de vigilancia de colegios de Ibagué está ‘a la medida’ de Seguridad Trébol?

Un contrato para vigilar colegios de Ibagué cuenta con condiciones difíciles de cumplir, lo que alimentan sospechas de un presunto direccionamiento por $2.600 millones.
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Ecos del Combeima
23 Ago 2026 - 6:59 COT por Ecos del Combeima

Un contrato por casi $2.657 millones para reforzar la vigilancia en colegios oficiales vuelve a poner bajo la lupa a la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

Aunque la necesidad de proteger a estudiantes y docentes es evidente, lo que está en juego no es menor.

Expertos advierten que el proceso tendría señales claras de un presunto direccionamiento que dejaría por fuera a la mayoría de competidores.

El primer campanazo lo da un requisito que no pasa desapercibido.

La Alcaldía exige que las empresas tengan sede principal en Ibagué con 15 años de antigüedad y una agencia registrada localmente con mínimo dos años. En la práctica, esto dejaría por fuera a oferentes de otras ciudades.

Este 'botón' de lo que parece ser un contrato chaleco sería tan evidente que hasta uno de los interesados se lo hizo saber a la Alcaldía, según consta en el SECOP II.

Pese a lo descabellado de la solicitud, la Alcaldía no dio su brazo a torcer y aseguró que la exigencia de infraestructura preexistente no constituye una barrera geográfica discriminatoria ni restringe la libre competencia.

"El pliego de condiciones no restringe la participación de empresas del orden nacional, sino que impone una condición de aptitud y capacidad logística real y desplegable de forma inmediata en el territorio donde se ejecutará el contrato", justificó la Alcaldía.

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Suministrada

Sin embargo, un experto fue directo al señalar que una condición así termina vulnerando la transparencia y convierte una convocatoria abierta en un filtro con destinatario.

Las alertas no paran ahí. También se exige que los proponentes tengan licencias específicas del Ministerio TIC con frecuencias asignadas para Tolima e Ibagué, pese a que hoy muchas empresas operan con sistemas nacionales y tecnología celular.

Tal exigencia también fue reprochada por uno de los interesados en el contrato.

En ese sentido, la Alcaldía dijo estar en la obligación de verificar que el oferente ostente la titularidad directa y legal de las licencias, ya que las instituciones educativas demandan canales de comunicación de mando directo, cerrados, encriptados y de disponibilidad absoluta las 24 horas del día.

No obstante, para el experto, esta exigencia desconoce la realidad del sector y reduce aún más la competencia.

Los cuestionamientos no terminan allí. El pliego pediría pólizas muy por encima de lo que exige la ley. Mientras la norma fija pólizas cercanas a 400 salarios mínimos, aquí se elevarían hasta 1.000 y 600 adicionales.

En otras palabras, participar por el contrato sale mucho más caro de lo necesario, y no cualquiera puede hacerlo.

A eso se suman perfiles laborales casi imposibles de cumplir y la obligación de contar con vehículos y motos modelo 2024, condiciones que parecen una barrera.

Con este combo de exigencias, la conclusión del experto es que el proceso pareciera tener 'nombre y apellido'.

Y ese no sería otro que Seguridad Trébol, mismo que a lo largo de los últimos años ha acumulado millonarios contratos con la Alcaldía y el único que cumpliría todos los requisitos.

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Tomada de internet

Dicha situación prende las alarmas, ya que la contratación del millonario negocio, que se realizará a través de una subasta inversa (en el que la Alcaldía envía las invitaciones), se entregará antes de terminar este mes de agosto.

Así, el presunto beneficiado contratista deberá instalar un sistema de alarmas alámbrico e inalámbrico con 760 y 156 sensores, respectivamente, sumado a un circuito cerrado de televisión de 16 cámaras.

Sobre el papel, todo ello se deberá ejecutar en un plazo de 132 días.

Para el experto consultado, se requieren como mínimo hasta 60 días para la instalación de los artefactos tecnológicos, por lo que “se concluye que este contrato tiene que ser adjudicado a la empresa que ya viene prestando el servicio por costos y tiempo”.

Finalmente, las sospechas de que algo huele mal con este contrato quedarían comprobadas por el hecho de que varias empresas de seguridad consultadas por este medio no participarán del proceso.

El motivo que entregaron dichas empresas fue casi el mismo: ¿para qué, si ya se sabe quién ganará ese contrato?