Tolima arde y queda en evidencia la falta de planeación para enfrentar las emergencias
El Tolima atraviesa una de las emergencias por incendios forestales más preocupantes de los últimos años y, mientras las llamas avanzan por diferentes municipios, también queda expuesta una pregunta que las autoridades tendrán que responder, ¿qué tanto se hizo para preparar al departamento después de las emergencias que ya se habían registrado en 2024 y 2025?
La situación actual es crítica, el departamento llegó a registrar en los últimos días 24 incendios forestales en 13 municipios, con más de 20.000 hectáreas afectadas entre bosques, pastos y cultivos. Las llamas han destruido cultivos de limón, maíz, aguacate, café, mango y plátano, mientras más de 18.000 cabezas de ganado se encuentran sin alimento debido a la pérdida de los pastizales.
A esto se suma la afectación de fauna silvestre y el impacto sobre las comunidades. La emergencia incluso obligó a la Gobernación del Tolima a declarar la calamidad pública, con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional y gestionar recursos para atender la crisis.
Sin embargo, uno de los puntos más polémicos está en la capacidad de los municipios para responder por sí mismos.
De acuerdo con información obtenida por Econoticias, Anzoátegui, Cunday, Herveo, Rioblanco, Roncesvalles, Villahermosa y Villarrica no cuentan actualmente con convenio activo con bomberos. En otros casos existen cuerpos de socorro con dificultades para operar, procesos de legalización pendientes o una cantidad de unidades que resulta limitada frente a la magnitud de una emergencia forestal.
El caso de Natagaima resulta especialmente preocupante, en septiembre de 2024, el municipio enfrentó un incendio que consumió más de 20.000 hectáreas y que tardó cerca de 20 días en ser controlado. A pesar de ese antecedente y de ser una de las zonas con mayores temperaturas del departamento, actualmente cuenta con apenas dos unidades de bomberos.
La situación demuestra la necesidad de que los municipios no pueden esperar a que ocurra una tragedia para fortalecer sus organismos de socorro. Un cuerpo de bomberos no funciona únicamente con personal, requiere vehículos disponibles, combustible, seguros, equipos, mantenimiento y recursos para desplazarse durante varios días cuando una emergencia supera las capacidades locales.
De hecho, en medio de la actual crisis se han conocido dificultades relacionadas con los convenios municipales, algunos fueron renovados varios meses después de iniciado el año y otros todavía no se han concretado. En Cajamarca, por ejemplo, se reporta el vencimiento del contrato y dificultades para garantizar los seguros de los vehículos, mientras que, en Coello, en medio de los incendios que golpean especialmente al corregimiento de Gualanday, los bomberos denunciaron dificultades para disponer de un vehículo que estaba destinado a sus labores.
El problema no termina allí. Santa Isabel no cuenta con cuerpo de bomberos, mientras que en Villahermosa el organismo se encuentra en proceso de legalización. En Casabianca y Valle de San Juan, además, las juntas directivas aparecen inactivas desde 2021.
El Tolima cuenta en sus registros con 59 máquinas extintoras, 28 carros de respuesta y 40 kits forestales, pero la discusión que deja la emergencia es si ese inventario representa realmente una capacidad operativa suficiente y disponible para atender incendios simultáneos en diferentes puntos del territorio.
La prueba está en lo ocurrido durante los últimos días, el departamento tuvo que recurrir al Gobierno Nacional para solicitar refuerzos.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó este viernes el despliegue de organismos de socorro de diferentes regiones y señaló que cerca de 240 bomberos fueron movilizados para apoyar las operaciones en el Tolima. También se sumaron la Fuerza Aérea, la Policía, la UNGRD y grupos especializados en incendios forestales.
La ayuda nacional fue gestionada, entre otros, a través del senador tolimense Juan Caicedo, quien solicitó al Gobierno aumentar el número de bomberos enviados al departamento y pidió apoyo aéreo para enfrentar las conflagraciones.
Pero mientras llegan refuerzos desde otras regiones, queda en evidencia una discusión que no puede reducirse a la emergencia actual, ¿por qué un departamento que ya vivió incendios de grandes proporciones continúa teniendo municipios sin organismos de socorro o sin convenios vigentes?
La situación también obliga a mirar hacia la prevención; las altas temperaturas y las condiciones de sequía no eran imprevisibles. En 2024, Natagaima ya había vivido una emergencia de enormes proporciones y durante 2025 el departamento volvió a registrar afectaciones por las altas temperaturas.
Por eso, más allá de apagar los incendios actuales, las autoridades tendrán que explicar qué acciones de prevención y fortalecimiento de los organismos de socorro se ejecutaron después de aquellas emergencias y qué quedó pendiente.
Un proyecto millonario que sigue sin cumplir su propósito
La crisis también vuelve a desempolvar el cuestionado Triángulo del Tolima, un proyecto de infraestructura hídrica que podría jugar un papel importante frente a la escasez de agua que golpea especialmente al sur del departamento.
El proyecto contempla infraestructura para llevar agua hacia municipios como Natagaima, Coyaima y Purificación y podría beneficiar a más de 2.800 predios, sin embargo, la tercera fase, relacionada con la distribución del agua directamente a los productores, todavía no está terminada.
Para el especialista Carlos Santana, la actual emergencia demuestra la necesidad de revisar nuevamente alternativas que permitan aprovechar la infraestructura existente mientras se concreta la totalidad del proyecto. Incluso plantea retomar la denominada operación temprana, una propuesta que permitiría utilizar parte de los canales bajo determinadas condiciones técnicas y jurídicas.
El cuestionamiento es todavía más fuerte porque, según Santana, la Agencia de Desarrollo Rural continúa destinando más de $10.000 millones anuales al mantenimiento y vigilancia de esta infraestructura, mientras los productores del sur enfrentan sequía y pérdidas agrícolas.
La pregunta entonces vuelve a ser la misma, ¿dónde estuvo la gestión política para destrabar un proyecto que lleva años esperando su culminación?
Hoy el Tolima pide auxilio, pero la emergencia también deja una lección mucho más compleja, la gestión del riesgo no puede comenzar cuando el fuego ya está consumiendo viviendas, cultivos, animales y miles de hectáreas.
El departamento ya conocía los riesgos, ya había vivido emergencias similares y ya había recibido advertencias sobre las condiciones climáticas.
Ahora, con el Fenómeno de El Niño entrando en sus meses de mayor intensidad, la discusión no debería ser solamente cómo apagar los incendios de hoy.
La verdadera inquietud es qué están haciendo los 47 municipios para que la próxima emergencia no vuelva a encontrar al Tolima con la misma falta de capacidad de respuesta.
