Exdirector de Gestión del Riesgo de Aranda reconoció que sí conocía el estudio de microzonificación sísmica de Uniandes
Félix Salgado aseguró que durante 2024 se conocía el estudio de la Universidad de los Andes y se hacía seguimiento a su aprobación. Humberto Leal sostiene que el documento no fue recibido oficialmente. Entre las versiones cruzadas y un polémico señalamiento sobre posibles presiones de constructoras, queda una pregunta: ¿qué pasó realmente con el estudio y qué hará ahora Ibagué con sus resultados?
La historia del estudio de microzonificación sísmica de Ibagué vuelve a generar controversia. Esta vez, la discusión no solo está relacionada con los años que han pasado desde su actualización, sino con dos versiones provenientes de funcionarios de la misma Administración de Johana Aranda sobre el conocimiento y la entrega del documento.
En entrevista con Econoticias, Félix Salgado, quien fue director de Ambiente y Gestión del Riesgo, y compartió sus labores en la secretaría con Jessica Salcedo, secretaria de ambiente y gestión del riesgo durante la administración Aranda, aseguró que al llegar a la dependencia en 2024 conocía la existencia del estudio de la Universidad de los Andes y que se realizaron gestiones para conocer el avance de su aprobación.
La versión contrasta con la entregada recientemente por Humberto Leal, actual secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, quien afirmó que la Administración de Aranda no recibió el producto durante el empalme y que la actual Secretaría tuvo que buscarlo para evaluarlo y enviarlo a la Secretaría de Planeación.
Una historia que comenzó en 2019
La actualización de la microzonificación sísmica fue contratada con la Universidad de los Andes en 2019 y durante 2020 comenzó la recepción de la información producida por la institución.
César Gutiérrez, exsecretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, explicó que se trataba de un estudio extenso y técnicamente complejo que debía pasar por la revisión de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismorresistentes antes de ser adoptado por el municipio.
Según los exfuncionarios consultados, el proceso finalmente llegó a un punto clave el 17 de octubre de 2025, cuando la Comisión habría aprobado el estudio.
Es decir, el documento no podía convertirse automáticamente en norma municipal desde el momento en que fue elaborado. Existía un trámite nacional que debía cumplirse.
Pero ese argumento tampoco resuelve toda la controversia.
La contradicción dentro de la Administración Aranda
Félix Salgado rechazó que se pueda hablar simplemente de un estudio “engavetado”. Según su relato, cuando llegó a la Dirección de Ambiente y Gestión del Riesgo en 2024 ya conocía el documento y desde la dependencia se hicieron requerimientos para conocer el estado de su aprobación.
El actual secretario Humberto Leal, sin embargo, aseguró que la situación fue diferente.
🗣“La alcaldesa Aranda no recibió ese producto”: Humberto Leal sobre estudio engavetado del riesgo de #Ibagué denunciado por Wilson Leal pic.twitter.com/Gj9s2daQzz
— Ecos del Combeima (@EcosdelCombeima) August 12, 2026
El funcionario manifestó que, cuando asumió el cargo, se estableció que la Administración de Johana Aranda no había recibido el producto durante el empalme.
Según Leal, actualmente se está evaluando y direccionando el documento hacia la Secretaría de Planeación para avanzar posteriormente en su adopción mediante decreto.
Aquí existe una diferencia que deberá ser aclarada: Salgado habla de conocimiento y seguimiento al estudio dentro de la dependencia; Leal habla de que el producto no fue entregado formalmente en el empalme.
No necesariamente son afirmaciones incompatibles en términos administrativos, pero sí dejan una incógnita relevante sobre qué información quedó oficialmente en manos de la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo durante el cambio de gobierno de 2024.
Y esa respuesta debería estar respaldada por documentos de empalme, radicados y comunicaciones oficiales, no solamente por declaraciones.
El señalamiento que pone a las constructoras en el centro
Carlos Ernesto Santana, magíster en Gestión Urbana, fue consultado sobre si detrás de la demora en la actualización y aplicación de estos estudios podrían existir intereses de constructoras o propietarios que se verían afectados por una clasificación de mayor riesgo.
Santana fue directo: “Indudablemente que detrás de esto hay unas presiones de las constructoras”.
El experto explicó que una nueva clasificación de amenaza podría significar restricciones para construir en determinados terrenos y mayores exigencias de sismorresistencia. Eso, a su vez, podría aumentar los costos de los proyectos y terminar repercutiendo en el precio de las viviendas.
Pero Santana fue más allá. Aseguró que en Ibagué se han presentado situaciones en las que, según su apreciación, los intereses de la construcción se han impuesto sobre restricciones ambientales y urbanísticas.
Como ejemplo mencionó el caso de El Virrey y afirmó que una quebrada habría desaparecido para permitir la construcción de apartamentos.
Este señalamiento debe manejarse con cautela: Santana no identificó en la entrevista a una constructora específica ni presentó pruebas de que una empresa determinada haya intervenido para impedir la adopción de la microzonificación. Se trata de una afirmación y valoración del experto.
Sin embargo, abre una discusión que sí puede ser comprobada documentalmente: qué proyectos, terrenos y desarrollos urbanísticos podrían verse afectados por la aplicación de los nuevos parámetros de amenaza sísmica.
La importancia del documento no está solamente en su existencia.
La microzonificación permite conocer cómo responden diferentes sectores del suelo ante movimientos sísmicos y establecer parámetros que deben tenerse en cuenta para el desarrollo urbano y las construcciones.
Carlos Santana explicó que el siguiente paso debería ser identificar la vulnerabilidad de las edificaciones existentes, especialmente aquellas construidas antes de las normas modernas de sismorresistencia.
Félix Salgado coincidió en que, después de establecer las zonas de amenaza, la ciudad debe avanzar hacia estudios de vulnerabilidad que permitan determinar dónde están los mayores riesgos.
Esto significa que adoptar el estudio no sería el final del proceso, sino el comienzo de decisiones que podrían tener consecuencias sobre el desarrollo urbano de Ibagué.
Podrían cambiar las condiciones bajo las cuales se construye en determinados sectores, las exigencias estructurales y, eventualmente, la viabilidad o el costo de algunos proyectos.
La ciudad necesita saber qué información científica está utilizando actualmente para definir sus condiciones de construcción y qué medidas se tomarán con los resultados de los estudios que ya existen.
Pero al mismo tiempo, queda pendiente aclarar por qué un exdirector de la misma dependencia asegura que el estudio era conocido y objeto de seguimiento desde 2024, mientras el actual secretario afirma que el producto no fue entregado durante el empalme y que tuvo que ser localizado posteriormente.
Y hay una segunda discusión que resulta todavía más sensible: si la aplicación de la microzonificación puede imponer nuevas restricciones y mayores costos a determinados desarrollos inmobiliarios, ¿existieron realmente presiones privadas para evitar o retrasar esas medidas?
Por ahora, esa acusación no está probada. Pero tampoco debería quedar únicamente en una declaración al aire.
Lo que corresponde ahora es que la Administración aclare la trazabilidad del estudio, explique qué recibió en 2024, precise qué ocurrió después de su aprobación nacional en 2025 y diga cuándo comenzará el trámite para convertir sus resultados en decisiones urbanísticas concretas.
Porque casi seis años después de que se contratara la actualización, y tras el terremoto que volvió a poner la amenaza sísmica en el centro de la conversación, Ibagué ya no necesita solamente saber que tiene un estudio: necesita saber qué va a hacer con él.
