Un juzgado de la ciudad admitió una acción de tutela interpuesta contra la administración municipal de Ibagué por el reciente aumento en la tarifa del transporte público, al considerar que podrían haberse vulnerado derechos constitucionales de los usuarios en la forma como se tomó la decisión.

De acuerdo con el accionante, la Fundación Protección Colombia de los Derechos Humano, la acción legal nació porque, al parecer, el incremento tarifario se habría definido sin un sustento técnico y financiero claro y sin una participación efectiva de la ciudadanía, a diferencia de años anteriores cuando, según indicó, las decisiones se discutían en mesas con veedurías y representantes comunitarios.

La tutela también cuestionaría la diferenciación tarifaria entre zonas urbanas y rurales, pese a que los trayectos no serían significativamente más largos y a que la ciudad no cuenta con un sistema de transporte articulado ni con mejoras visibles en la calidad del servicio.

En el documento se exponen además múltiples falencias en la operación del transporte público, como la suspensión temprana de rutas, falta de accesibilidad para adultos mayores y personas con discapacidad, y deficiencias en la atención a los usuarios, quienes, según la denuncia, terminan “pagando por un servicio que no siempre se presta de manera adecuada”.

Como parte del trámite, el juzgado solicitó la entrega de documentos técnicos que soporten el alza e involucró al Ministerio de Transporte y a la Secretaría de Gobierno, lo que confirma que el proceso se encuentra en etapa de estudio y aún no existe un fallo de fondo.

Finalmente, el accionante manifestó que la acción busca proteger a sectores vulnerables como estudiantes, adultos mayores, personas en condición de discapacidad y desempleados, recordando que Ibagué es una de las pocas ciudades que no cuenta con subsidios tarifarios para estas poblaciones.